El 20 de abril del 2014 la Cárcel Judicial de Valledupar estaría deshacinada en un 100%, según compromiso adquirido a finales del mes de marzo del presente año por el Director de Vigilancia y Custodia del Inpec, teniente coronel Jhon A. Murillo, quien dijo que trasladaría a más de 400 internos a otros centros de reclusión del país para dejar a la Judicial con sólo 750 reos.
La promesa, que, al parecer, no se ha podido cumplir, la hizo el funcionario del Inpec en la sala de audiencias de la Procuraduría Regional del Cesar, en donde también estuvo presente el director general del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario, Saúl Torres Mojica;el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia Miguel Samper; la directora de Política Criminal, Marcela Abadía Cubillos y el Defensor Regional del Pueblo, Omar Contreras Socarrás.
Así mismo hizo presencia el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco; el alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales; el Personero de Valledupar, Alfonso Campo Martínez; funcionarios del Concejo Superior de la Judicatura, con el fin de terminar con el suplicio de casi dos décadas.
EL PILÓN ha hecho seguimiento a esta problemática de antaño y junto con la Personería de Valledupar y la Defensoría del Pueblo ha encontrado ciertas promesas incumplidas desde hace varios años por el Inpec. Sin embargo, y de acuerdo a las últimas reuniones de los altos mandos de la entidad judicial ha encontrado que se adelantan gestiones para lograr el deshacinamiento.
No obstante, hoy, cuando se cumple el plazo máximo de traslado de los internos para descongestionar la penitenciaria, solo se conoce que no se ha hecho la tarea en su totalidad y que a fecha 11 de abril, la directora de la Cárcel Judicial, Yolanda Rodríguez Fernández, le confirmó al Defensor Omar Contreras Socarrás, que el Inpec envió las primeras 190 solicitudes de situaciones jurídicas de los internos para iniciar el proceso de traslado.
Durante la semana que pasó enviarían las 210 restantes con el fin de completar las 400 solicitudes que pertenecen a igual número de reos para descongestionar la penitenciaria. Pero el proceso se vería estancado por la Semana Santa, puesto que la parte administrativa se tomaría un descanso en los días santos.
Por tanto, la violación de los derechos humanos que asegura el Personero de Valledupar, Alfonso Campo Martínez, sigue imperando, salvo que se realice el traslado de los reclusos lo más pronto posible, para que de los aproximados 1200 internos, la Cárcel Judicial quede sólo con 750.
El Defensor del Pueblo, Omar Contreras Socarrás, afirmó a EL PILÓN que aún espera respuesta de la situación por parte de la directora del establecimiento penitenciario y para ello, el día lunes, estaría reuniéndose con Yolanda Rodríguez Fernández para conocer sobre la gestión de traslados.
El compromiso
“Deshacinar un establecimiento carcelario con un 400% de hacinamiento no es fácil, es un compromiso que no puedo adquirir como Inpec, es un problema de Estado, un compromiso de hace muchos años que le compete a todas las autoridades participantes en esta reunión, pero sí vamos a tomar medidas de choque con el ánimo de disminuir por lo menos en un 50% esta cantidad de internos que tenemos en este establecimiento, mientras que se da una solución definitiva que obviamente es la construcción de un nuevo establecimiento carcelario”, afirmó Murillo.
Nueva cárcel
Con respecto al traslado de la Cárcel Judicial, ubicada en el barrio Jorge Dangond de Valledupar, una luz después del suplicio apareció. El Gobierno Nacional autorizó la asignación de recursos para la reubicación del Establecimiento Penitenciario.
La noticia fue confirmada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, (USPC), a través de un comunicado de prensa, documento que revela que la acción también se realizará en otras cárceles del país.
Por Merlin Duarte García/El Pilón
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