En la construcción del Parque de la Leyenda Vallenata se vulneraron todos los derechos colectivos, debido a que fue transferido un lote como aporte a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Así dijeron ayer magistrados del Consejo de Estado que sesionaron en Valledupar en el desarrollo del conversatorio ‘Justicia abierta; diálogos con la comunidad del Cesar’.
El evento tuvo lugar en la Fundación Universitaria del Área Andina, en donde el magistrado José Antonio Aponte Olivella aseguró que unos recursos de la nación para la construcción del parque también fueron transferidos a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, cuando el municipio debió ser el operador: “Evidentemente quien debió ser el operador fue el municipio y sin embargo lo transfirió a la Fundación que fueron invertidos en la obra, no le dieron mal uso sí, pero simplemente eso era propiedad del municipio”.
En su momento, cuando se dio el proceso de la construcción del parque, el municipio debía actuar como operador pero no lo hizo, sino que su función fue de aportarte, lo que evidencia la mala fe administrativa.
“Atendiendo los argumentos esbozados, se vulneraron los derechos colectivos a la moralidad administrativa, protección del derecho público, el goce al espacio público y la fe administrativa por parte del municipio y el Concejo en todo el proceso, por medio del cual el municipio transfirió a título de aporte un bien de uso público”, dijo Aponte Olivella.
Doble militancia política
En el foro ‘Justicia Abierta: diálogos como la comunidad’ también hizo presencia la consejera de Estado, Rocío Araújo Oñate, presidenta de la Sección Quinta, quien envió un mensaje a los partidos políticos para que en la contienda electoral que se avecina se organicen con anticipación para efectos de designar y acreditar la organización electoral todos los testigos electorales una vez que se encuentren previamente capacitados para que realicen todas las reclamaciones correspondientes.
“Igualmente seria del caso que un día después de la fecha de las inscripciones todos los partidos certificaran quiénes han sido los candidatos que han renunciado, los directivos que han renunciado, así como los militantes, esto daría mayor transparencia y claridad a estas organizaciones políticas”, precisó Araújo Oñate.
Dijo además la consejera que el Consejo Nacional Electoral, CNE, que se encarga de controlar y vigilar a las organizaciones políticas, pueda acreditar después de las inscripciones quiénes han sido los candidatos que se encuentran inscritos que han renunciado a las organizaciones políticas a las que pertenecen.
Para la consejera el hecho de que hoy muchos candidatos prefieren inscribirse por grupos significativos de ciudadanos y no por partidos políticos para luego tener alianza con varias colectividades dan mayor posibilidad de acceso y lo ve correcto.