El homicidio del presidente de Asograce, la asociación Apícola de la población de El Hatillo, en jurisdicción del municipio de El Paso, Aldemar Parra García, ha generado una serie de reacciones desde el pasado 7 de enero que ocurrió el caso.

Varias firmas explotadoras de los yacimientos carboníferos en el centro del Cesar han deplorado el vil asesinato y han pedido a las autoridades celeridad en la investigación para identificar y capturar a los asesinos, toda vez que en esa zona minera hay posiciones encontradas en cuanto a la explotación del carbón y el reasentamiento de los habitantes de El Hatillo.

Drummond

La multinacional Drummond se refirió al crimen en los siguientes términos: rechazamos categóricamente los hechos registrados en El Paso, Cesar en los que fue asesinado el empleado de CNR y presidente de la Asociación Apícola de El Hatillo, Aldemar Parra García, y expresa su solidaridad con la familia.

La compañía condena lo sucedido y solicita a las autoridades competentes que investiguen a fondo y encuentren los responsables del homicidio.

Drummond rechaza todo acto violento, sin importar su origen, y reitera su apoyo a la resolución pacífica de cualquier conflicto.

Esta es una compañía dedicada principalmente a la explotación y comercialización del carbón. Desde su llegada a Colombia, Drummond se ha esmerado por forjar y mantener su compromiso con el medio ambiente, sus comunidades y colaboradores. Dentro de los programas de Responsabilidad Social Empresarial ha venido aportando a la transformación de una mejor sociedad.

“Condenamos el asesinato”: Prodeco

El Grupo Prodeco expresa sus condolencias a la familia de Aldemar Parra García, asesinado cerca a la población de El Hatillo, en el municipio de El Paso.

A finales de 2016, luego de la identificación de ciertos riesgos de seguridad, Prodeco buscó la ayuda del Programa de Desarrollo y Paz del Cesar (PDPC) para la adopción e implementación de medidas de prevención y protección para la comunidad de El Hatillo. Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes, para que investiguen a fondo las circunstancias de la muerte del señor Parra y que se provean a la comunidad de El Hatillo con las medidas de seguridad apropiadas.

Prodeco reitera su disposición para colaborar con las diferentes autoridades, la comunidad de El Hatillo, el PDPC y demás entidades relevantes en acciones encaminadas a la prevención y protección de la vida y los Derechos Humanos de los miembros de esta comunidad.

“Nos preocupa que la Policía niegue la condición de líder comunitario”

La Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular manifestó su preocupación luego de que la Policía negara la condición de líder comunitario de la víctima, sino también a los campesinos que han sido capturados bajo la modalidad de ‘falsos positivos judiciales’.

Recientes declaraciones del Comando de Policía del Cesar manifiestan estar brindando garantías a los líderes sociales y comunitarios y a los defensores de derechos humanos; faltan a la verdad cuando en casos como el de los líderes de Asociación Comunitaria de Parceleros de El Toco (Asocomparto) y la Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir no se las ha brindado ninguna medida de protección.

“Las capturas de campesinos de la Serranía del Perijá, señalados de ser colaboradores o integrantes de la insurgencia del ELN, es una situación que se viene presentando desde hace varios meses en los municipios de Curumaní, Chimichagua y Becerril. En este último, especialmente en el corregimiento de Estados Unidos donde fueron capturados ocho campesinos en su mayoría dignatarios de JAC; y todo parece indicar que se incrementarán notablemente en el inmediato futuro. La inmensa mayoría de campesinos capturados son reconocidos por sus respectivas comunidades como trabajadores honorables y dedicados al campo. Pese a que desde el 1 de diciembre de 2016 hay una Alerta Temprana que cobija a varios municipios del Cesar en la que se focalizan una serie de organizaciones sociales, la mayoría de ellas campesinas, hasta la fecha éstas no han sido convocadas para analizar las medidas de protección y de prevención que se pondrán en vigor”, informaron en un comunicado.

De igual forma solicitaron a la Unidad Nacional de Protección que adopte medidas colectivas de protección a los movimientos sociales, comunitarios, organizativos, de derechos humanos, sindicales, campesinos, LGBT y de mujeres en el departamento del Cesar y dar pronta solución a las medidas individuales solicitadas hasta el momento.

A la Gobernación del Cesar que adopte las medidas necesarias de promoción, prevención y protección de los Derechos Humanos y se haga efectiva la directiva 035 de junio de 2016 emitida por el Ministerio del Interior con relación a las garantías a los líderes de la Cumbre Agraria y que cumpla con lo pactado en los acuerdos firmados el día 15 de junio de 2016 en la plaza ‘Alfonso López’ de Valledupar, Cesar.

Por Abdel Martínez Pérez