Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitiera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de genocidio de la Unión Patriótica, miembros de este colectivo se reunieron en la ciudad de Valledupar para socializar el estado del proceso que busca que el estado colombiano reconozca su responsabilidad en el caso.
Según Alberto Sánchez, vocero de la coordinación de la UP en el Cesar, la socialización realizada este fin de semana en Valledupar es la primera de las que se planean en todo el país.
“Ahora toca mirar cómo ubicar cerca de 1.547 personas registradas en el partido y que se encuentran por todo el país, para que el gobierno reconozca su responsabilidad, se sepa la verdad y se logre el resarcimiento de los daños a estas familias colombianas”, indicó Sánchez.
Sobre la situación, la senadora Aida Avella, presidenta de la UP y sobreviviente del genocidio, señaló que esta decisión de la Comisión es un paso importante para romper la impunidad en los casos de los líderes y liderezas asesinados, según dijo, por el Estado.
Además, Avella manifestó que espera que el Estado colombiano acate las decisiones de fondo que tome la Corte sobre el caso y que “se tomen las medidas necesarias para que en el contexto actual de asesinatos contra líderes sociales y de oposición no se convierta en un nuevo caso de genocidio”.
La CIDH sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el 29 de junio de este año porque consideró que el Estado de Colombia no cumplió con las recomendaciones contenidas en su informe de fondo.
En ese documento, la Comisión determinó que las investigaciones de Colombia “han sido incipientes e insuficientes, y no han logrado proveer, ni a las víctimas sobrevivientes, ni a los familiares de las víctimas fallecidas, ni a la sociedad colombiana en su conjunto, de un verdadero esclarecimiento sobre las responsabilidades del exterminio” de los integrantes de UP.
En consecuencia, la CIDH concluyó que el Estado colombiano “violó el derecho a las garantías judiciales y protección judicial”.