La mayoría de los 26 ponentes inscritos en el cabildo abierto rechazaron el proyecto de acuerdo 017 que propone la modificación excepcional de normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Valledupar que presentó la Oficina Asesora de Planeación en el Concejo Municipal.
EL PILÓN recopiló los principales argumentos que los participantes expusieron este miércoles en el auditorio Julio Villazón Baquero de la Universidad Popular del Cesar.
VEEDURÍA
El primero fue Alberto Gutiérrez, coordinador de la veeduría ciudadana del contrato de revisión parcial y modificación excepcional ejecutado por la Universidad del Magdalena, quien explicó tres razones de su oposición.
Según Gutiérrez, la administración no cumplió con el artículo 25 de la Ley 388 de 1997, el cual establece que el proyecto del POT como documento consolidado, después de surtir la etapa de concertación democrática e interinstitucional, será presentado por el alcalde ante el Concejo dentro de los 30 días siguientes al recibo del concepto del Consejo Territorial de Planeación.
“Encontramos que el Consejo Territorial de Planeación emitió concepto el 14 de diciembre y el proyecto de acuerdo 015 de 2023 fue presentado el 22 de noviembre, es decir, 23 días antes”, expresó el arquitecto.
EL PROYECTO HABRÍA SIDO PRESENTADO INCOMPLETO
Aunque el actual proyecto en discusión es el 017, el excandidato al Concejo Jesús Perpiñán explicó a su turno que la administración primero presentó el proyecto 015, pero, según un documento que él proyectó en la sesión, el vicerrector de la Universidad, Juan Rogelio Linero, hizo una advertencia “donde dice que le preocupa que al 29 de noviembre todavía no tenían las actas de concertación para seguir adelante con el proceso”.
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Así las cosas, Perpiñán evidenció que “se pasó el documento en pleno al Concejo sin haberse surtido las actas de concertación y sin tener el concepto del Consejo Territorial de Planeación y la consulta ciudadana”, por lo cual, luego la corporación emitió la Resolución 058 donde cambió el número del proyecto a 017 en un nuevo documento.
EL CONTRATO DE REVISIÓN NO TUVO INTERVENTORÍA
La segunda razón expuesta por Gutiérrez es que el contrato por $3.000 millones con la Universidad no tuvo interventoría, “a pesar de que cubre temas que no son del recurrente manejo de los funcionarios municipales, lo cual abre un amplio margen de duda en la modificación del POT”.
El veedor agregó que le llama “poderosamente la atención que de los $3.000 millones del contrato, el 45 % cubre estudios detallados de riesgos y cambio climático cuyos resultados no fueron contrastados con expertos ni con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.
RELACIÓN CON EL COMPONENTE AMBIENTAL
En representación del Foro Ambiental del Cesar, Eudis de León, describió la importancia de la rigurosidad de estos estudios en cuanto a que “hay que preparar a la ciudad para el cambio climático”.
El joven también objetó sobre la motivación de la modificación: “Si bien es cierto fue impulsada para incluir el estudio de acotamiento del río Guatapurí, el POMCA y la ampliación del área de reserva del Parque Natural Sierra Nevada de Santa Marta, estos componentes no se modificaron sustancialmente y aún hay muchos interrogantes sobre la estructura ecológica de Valledupar”.
El abogado Carlos Andrés Áñez coincidió en la necesidad de la interventoría, “para medir la calidad de los mencionados estudios, la cual debió ser realizada por una organización elegida a través de concurso de méritos”.
Añez cuestionó la naturaleza de esta modificación que, según él, no está establecida dentro de la excepcionalidad.
POLÉMICA POR INCORPORACIÓN A SUELOS URBANOS
La tercera inconformidad de la veeduría, en palabras de Alberto Gutiérrez, trata de la “incorporación exprés a suelo urbano de 155 hectáreas mediante normas que ya no tienen vigencia porque el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 eliminó el artículo 91 de la Ley 1753 de 2015 que permitió hasta el 2020 incorporar al perímetro urbano, los predios localizados en suelos rural, suburbano y de expansión urbana”.
/FOTO: ALCALDÍA DE VALLEDUPAR.
El veedor concluyó con una acusación al alcalde y los corporados: “Entendemos el afán, es un negocio de $310.000 millones de pesos que a nosotros los vallenatos no nos resuelve nada”.
LA PERSONERÍA TAMBIÉN RECHAZÓ EL PROYECTO
El personero de Valledupar, Silvio Cuello Chinchilla, también manifestó una presunta violación al procedimiento para la aprobación del POT por todas las razones expresadas anteriormente por los ponentes, pero especialmente por la falta de concertación con la ciudadanía vallenata.
“La Personería, mediante oficio del 20 de noviembre, solicitó al jefe de la Oficina Asesora de Planeación el cronograma de socialización a la comunidad de los resultados obtenidos de las reuniones sobre las cuales no se ha obtenido respuesta”, afirmó Cuello.
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El representante del Ministerio Público agregó que son pocas las respuestas que ha obtenido sobre el proceso, y recomendó al Concejo “la suspensión del estudio y aprobación del proyecto por los argumentos esbozados”, y que la modificación del POT pase a consideración del próximo cuatrienio.
LÍDERES COMUNALES ASEGURAN QUE NO FUERON TENIDOS EN CUENTA
Aníbal Barros, delegado de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Villa Taxi y presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, manifestó: “No conocemos los productos, no fuimos tenidos en cuenta en este proceso”.
El líder comunal preguntó: “¿Cuáles son las destinaciones económicas de las áreas de expansión urbana? y ¿cuál es la justificación para hacer la expansión?”.
“Si hoy no quedan claras esas preguntas, debemos esperar las respuestas, pedimos que se socialicen”, solicitó.
Mayerli Camelo, representante de la Junta de Acción Comunal del barrio Chiriquí, dijo que ve con preocupación la modificación al POT “porque no tuvo en cuenta a los comunales, defensores de derechos humanos, tampoco a la población LGBTI y las bases populares”.
Camelo criticó que los habitantes de Los Guasimales, Bello Horizonte y Tierra Prometida tampoco tuvieron participación teniendo en cuenta que el ordenamiento de la ciudad también tiene que ver con estos sectores. “¿ Y qué pasaría con las urbanizaciones de las víctimas del conflicto armado?”, preguntó.
ESPACIO PÚBLICO
El excandidato a la Alcaldía de Valledupar Ricardo Vives afirmó que el proyecto tampoco fue informado a través de vallas en las zonas rural y urbana. Además, calificó el contrato de “leonino e ilegal”.
El joven Alfredo Quintero García se refirió a la reducción del índice de espacio del 25 al 20 %: “Cuando uno ve estas modificaciones, se pregunta ¿queremos avanzar o retroceder como ciudad?” Esta modificación va en retroceso”.
VOZ UNÁNIME
Los ponentes Willintong Abril; Mara Nieto; Alberto Bohórquez y Yaneth Silva Morón, ediles de la comuna 2; Luz Urbina, edil de la comuna 1; así como representantes de barrios como El Carmen sostuvieron un discurso similar en contra de la propuesta, aseverando que las concertaciones con la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, y el Área Metropolitana de Valledupar no fueron socializadas.
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Además, exigieron conocer cuál es el plan para que los residentes que viven en zonas que pretenden cambiar a suelos comerciales no se vean afectados por las alzas en los servicios públicos domiciliarios.
“Le decimos no a la aprobación del POT porque se está haciendo en una carrera titánica sin tener en cuenta los mecanismos democráticos. Hay una flagrante violación a la Constitución Política. Señores concejales, si ustedes aprueban ese POT podrán tener repercusiones que el pueblo se las puede cobrar en las urnas”, dijo Manuel Pacheco, presidente de la JAC Villa del Rosario.
CAMACOL
Hernán Felipe Araújo, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción -Camacol- en el Cesar, fue uno de los invitados al recinto. Araújo manifestó que encuentra razonable que se bajen las cargas urbanísticas del 30 al 20 % para la construcción de viviendas de interés prioritario como lo propone el proyecto debido a las caídas que ha tenido el sector de la construcción.
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No obstante, el gerente también cuestionó las acciones del municipio sobre sus propios terrenos: “¿El municipio conoce sus áreas de cesiones? Siempre están que hacen el inventario, no sé si lo hicieron, el municipio no es responsable”.
PLANEACIÓN
El último en tomar la palabra fue Armando Fontalvo, jefe de la Oficina de Planeación, quien refutó con imágenes de la fase de diagnóstico, que no hayan realizado las mesas de trabajo con diferentes sectores de la población vallenata. Sin embargo, no presentó evidencias de la fase de consulta ciudadana a las que se refieren los artículos 24 y 25 de la Ley 388.
Fontalvo reiteró que el carácter mayoritario de la modificación del POT es ambiental, pero anotó que no alcanzaron a tomar decisiones sobre los humedales del municipio.
Las demás preguntas formuladas por los ponentes serán respondidas en los términos que establece la ley, expuso el funcionario y la mesa directiva del Concejo. Es preciso mencionar que alrededor de 7 ponentes no se presentaron.
Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN.