Varias entrevistas y la recopilación de elementos documentales fueron pieza clave para que la Fiscalía señalara a siete personas de orquestar una defraudación en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, en la que se perdieron aproximadamente 1.004 comparendos por alcoholemia.
Durante las audiencias preliminares el fiscal 12 seccional anticorrupción, Gentil de León Mármol, informó que la investigación inició en el año 2020, pero que los funcionarios desde que asumieron los cargos (en el 2016) comenzaron a actuar de forma irregular en compañía de tramitadores, entre esos Tatiana Isabel Cuello Castilla y William José Redondo Mindiola.
Según la investigación, la inspectora Julieta Margarita Hinojosa Daza, la secretaria ejecutiva Letzzy Carolina González Oñate, la contratista Margarita Rosa Cartagena Guerra, la secretaria Amparo de Jesús Estrada Arias, y el auxiliar administrativo Odacyr Alberto Montenegro González se concertaron para exigir sumas de dineros a cambio de funciones específicas, en las que los usuarios podían agilizar trámites o evadir las sanciones impuestas por infracciones de tránsito.
“Lo convinieron con vocación de permanencia en el tiempo, toda vez que desde sus funciones han omitido el ingreso o cargue de las órdenes de comparendo en los sistemas de información obligatoria, provocando intencionalmente múltiples caducidades de acciones contravencionales y prescripciones de cobros en sanciones impuestas”, aseveró de León
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LOS ROLES
Los implicados aparentemente obtenían el dinero extra a partir de los roles específicos que realizaban cuando laboraban. Julieta Hinojosa, por ejemplo, habría permitido que los comparendos, especialmente de alcoholemia, caducaran a cambio de dinero.
Letzzy Carolina González, por su parte, supuestamente tenía enlace directo con los empleados del parqueadero oficial y gestionaba con estos la salida y entrega de carros inmovilizados por infracciones sin contar con autorización correspondiente, además liquidaba pagos de comparendos.
Entre tanto, Amparo Estrada y Margarita Cartagena habrían realizado traspaso de pignoración y expedición de tarjetas de propiedad sin generar los recibos de la retención de fuente, sin embargo, los valores eran cobrados. De igual manera, cobraban por modificar los modelos de los carros al momento de hacer traspaso y cargar al sistema información imprecisa para que los usuarios pagaran menos.
“Odacyr Montenegro, conocido como ‘Ñeco’, exigía sumas de dinero para descargar las acciones del Runt y otra información o sanción por disposición o arbitrariamente. Actuaba con Margarita Cartagena y Amparo. Se rehusó a cargar en el Runt más de 1.900 órdenes de embargo autorizadas por los jueces de la república para que no les figuraran las anotaciones a las personas”, precisó el fiscal del caso.
Finalmente, los tramitadores Tatiana Cuello y William Redondo presuntamente se encargaban de buscar los clientes para ofrecerles agilidad en los procesos con sus aliados o actividades ilegales a cambio de dinero.
‘EL DETRIMENTO’
Así las cosas estiman que en los últimos 3 años el municipio ha dejado de recibir unos $3.000 millones a causa de más de 2.500 comparendos que no se materializaron o multas por infracción de tránsitos.
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“Los servidores públicos exigían dinero a los usuarios y en otros casos aceptaban los ofrecimientos directos que estos hacían para que imprimieran celeridad a los trámites de traspaso, duplicados de licencias de tránsito, tarjeta de propiedad, pero también por actos que son contrarios como la eliminación de los comparendos en las bases de datos Simit”, puntualizó el representante del ente acusador, Gentil de León Mármol.
En ese sentido, a los involucrados les imputó diversos delitos. Amparo de Jesús Estrada y Margarita Rosa Cartagena deberán responder por concierto para delinquir, concusión y cohecho impropio; mientras que Odacyr Montenegro se le endilga concierto para delinquir, prevaricato por omisión y concusión.
Julieta Hinojosa por concierto para delinquir, prevaricato por omisión en concurso homogéneo sucesivo y falsedad ideológica en documento público; Letzzi González Oñate por concierto para delinquir, prevaricato por omisión y abuso de función pública; y William Redondo por concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer.
Mientras que Tatiana Cuello Castilla fue imputada por concierto para delinquir, concusión en calidad de interviniente, cohecho por dar u ofrecer, y falsedad material en documento público. Ninguno de ellos aceptó los cargos.
Hasta el cierre de esta edición en el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de Control de Garantías de Valledupar se debatía la medida de aseguramiento en la que la defensa aún no intervenía.