Rastrojos amenazan a empleados de Drummond
Las directivas de la multinacional Drummond, con sede en el centro del Cesar, alertaron a las autoridades sobre las amenazas proferidas contra varios empleados de la compañía explotadora de las minas de carbón en el corregimiento de La Loma, por parte de un grupo denominado Los Rastrojos, según un panfleto que circuló en las instalaciones en la Mina Pribbenow.
La compañía rechazó y condenó tales acciones delictivas y expresó su firme apoyo a sus empleados, al tiempo que informó a las autoridades, para que adopten todas las medidas de seguridad e investigaciones necesarias y proporcionen una adecuada protección a las personas afectadas por estas acciones deplorables.
En un comunicado a la opinión pública, Drummond solicitó a las autoridades competentes, “que procedan a hacer las investigaciones correspondientes y tomar todas las precauciones necesarias para proteger a nuestros empleados”. En ese sentido, la compañía está totalmente disponible a prestar el apoyo que sea necesario.
Más amenazas
Con la última amenaza de muerte de que fue objeto otro defensor público de la Defensoría del Pueblo en el Cesar, se eleva a cuatro los funcionarios que están en la ‘mira’ de desconocidos, especialmente de familiares de personas que no están de acuerdo con los fallos que ellos emiten administrando justicia, en el que ninguno ha recibido la debida protección del Estado, pese al alto riesgo que corren sus vidas.
La denuncia fue hecha ayer por el Defensor del Pueblo en este departamento, Omar Contreras Socarrás, luego de conocer que otro de sus funcionarios, por salir en defensa de una causa pública y en virtud de que los resultados fueron favorables a su defendido, al parecer los familiares de la contraparte le hicieron varias llamadas e inclusive, de manera personal, lo amenazaron de muerte por esa decisión.
El funcionario calificó el hecho como grave, toda vez que a pesar de que se le ha exigido al gobierno que les brinden protección a los cuatro amenazados, ninguno de ellos ha recibido ese servicio para preservar su integridad física y la de su familia; ellos solo andan con vigilancia y eso no es una verdadera protección para un profesional nuestro”, explicó.
Contreras Socarrás se abstuvo de revelar el nombre del defensor público amenazado por razones de seguridad, pero señaló que la entidad formuló la denuncia penal ante la Fiscalía contra algunos miembros de la familia que no estuvo de acuerdo con el fallo desfavorable.
“Estoy sorprendido con la conducta de esas personas, las que rechazo de plano, porque la Defensoría del Pueblo goza de buena salud y del bienestar de sus empleados y para las autoridades locales que investigarán el caso, no les será muy difícil esclarecer los hechos, porque la denuncia fue formulada directamente contra ellos”, aseguró el funcionario.