Cuando muchos en el Cesar creían que las investigaciones de los nexos entre la clase política y los paramilitares habían mermado, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía ‘pisaron’ de nuevo el acelerador de sus pesquisas y en los últimos dos meses varios dirigentes políticos fueron enviados a prisión.
La reactivación de las detenciones de políticos (dos alcaldes y un exalcalde arrestados) coincide con el proceso de las campañas con miras a los comicios parlamentarios de marzo de este año y rememora los lazos entre el paramilitarismo y la política en el departamento.
La noticia que rememoró hechos como la detención del exgobernador del Cesar Hernando Molina Araújo, Álvaro Araújo Castro, Mauricio Pimiento Barrera, Álvaro Morón Cuello, entre otros políticos, fue la captura de los actuales alcaldes de Pelaya y Pueblo Bello: Walfran Rinaldy Romano y Javier Landazábal Gómez. De igual manera, está aprehendido el exmandatario de Pelaya, Marcos Gutiérrez.
En primer lugar, el 20 de noviembre la Fiscalía profirió medida de aseguramiento en contra de Walfran Rinaldy Romano y Marcos José Gutiérrez Cianci, alcalde y exalcalde del municipio de Pelaya por vínculos con los paramilitares del Bloque Norte.
Según los testimonios de varios desmovilizados, Walfran Rinaldy Romano llegó a la alcaldía en el periodo 2001 a 2003, gracias a acuerdos en el manejo de la contratación con los paramilitares de la región, al mando de alias ‘Omega’ y alias ‘Harold’, con quien se habría reunido en tres oportunidades en las fincas California y La Esmeralda en Chimichagua, Cesar.
De acuerdo con los desmovilizados, el exalcalde Marcos José Gutiérrez ocupó el cargo para el periodo 2004 a 2007, bajo las mismas circunstancias que su antecesor y que en esa época su interlocutor con el Frente Resistencia Motilona de las Auc, sería precisamente Walfran Rinaldy Romano.
Los dos implicados aseguraron en su defensa que las versiones de los desmovilizados son falsas y que durante las elecciones a la Alcaldía de ese municipio en 2001 y en 2003 se desarrollaron en completa calma y sin la injerencia de grupos armados al margen de la ley y que tampoco intermediaron ante las autoridades de Policía para lograr la libertad de miembros de las autodefensas; con base en las pruebas recaudas, El fiscal de la Unidad Nacional contra el Terrorismo emitió medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación en la cárcel del Distrito Judicial de Valledupar, por cargos de concierto para delinquir agravado, para los implicados.
Por su parte, el pasado 2 de enero, el alcalde de Pueblo Bello, Javier Landazábal Gómez se entregó antes las autoridades al ser señalado de tener vínculos con los paramilitares, y tener una orden de detención preventiva de la Fiscalía Tercera por los delitos de concierto para delinquir y homicidio en persona protegida.
Landazábal Gómez es señalado por la Fiscalía por medio de las declaraciones entregadas en febrero del año pasado por el desmovilizado del Bloque Norte de las Autodefensas John Jairo Sánchez Hernández, alias ‘Centella’, quien dijo que el mandatario se alió con los paramilitares.
Sánchez Hernández anotó en Justicia y Paz que en 2003, Javier Landazábal habría colaborado en actividades delictivas. Seguido a esto, Luis Rafael Payares, quien recibió dos impactos de bala en la cabeza y sobrevivió, es una de las personas que también ha declarado en contra del alcalde de Pueblo Bello. “Sí, lo hago responsable. No lo veo como beneficio de la comunidad sino como un peligro para la comunidad, me prohibieron la entrada a la zona”, aseguró el declarante.
Landazábal Gómez insistió en que estos testigos fueron “comprados por personas muy poderosas de la localidad” y se declaró inocente antes de ser recluido en la Cárcel Judicial de la capital del Cesar.
Con esta situación, las comunidades de Pelaya y Pueblo Bello se encuentran hoy en interinidad, en manos de alcaldes encargados.
Por Redacción Política / EL PILÓN