La unión de varias empresas o personas naturales que se “camuflan” a través de uniones temporales y consorcios con el fin de ganar los procesos de selección de las diferentes contrataciones que se realizan en las regiones, y que se conoce como mallas empresariales, es a juicio de la auditoría General de la República una modalidad que hace carrera en muchos departamentos, entre ellos el Cesar.
El auditor general de la Nación, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, advirtió que pondrá la lupa a la evaluación de gestión que hacen las contralorías municipales, con miras a garantizar que los recursos públicos no se desvíen o favorezcan a unos pocos proponentes.
El pronunciamiento de Córdoba Larrarte obedece al resultado de un informe de gestión de la contratación regional a través de mallas empresariales, que entre 2014 y 2015 facturó 7,5 billones de pesos en todo el país.
De acuerdo con el informe se estableció que en este período se crearon 69 mallas empresariales en distintos sectores a lo largo del país, las cuales se concentraron principalmente en Cesar, Bolívar, Casanare, La Guajira, Huila y Cundinamarca, pero los entes territoriales en donde más recursos se contrataron fueron los departamentos de Meta, Antioquia, Casanare, Santander, Cesar y Córdoba.
Según la auditoría general entre 2014 y 2015 en el nivel territorial se contrataron a través de uniones temporales y consorcios 19 billones, y el 37 % de estos recursos fueron con mallas empresariales.
El funcionario recalcó que se debe “recordar que en el proceso de evaluación de la gestión, la Auditoría General de la República está facultada para sancionar a cualquier contralor departamental, distrital o municipal que no se alinee en la tarea de proteger el erario”.
Ante este panorama de la contratación en el país, Carlos Felipe Córdoba Larrarte manifestó la necesidad de que las contralorías amplíen la lupa a los procesos de selección que se desarrollen este año.
El auditor señaló que “es muy importante que las contralorías realicen un efectivo seguimiento a estos contratistas, especialmente a aquellos que acaparan los recursos de la alimentación escolar. No es posible que un contratista que haya sido multado en el nivel nacional, lo vuelvan a contratar en un departamento y su capital, sólo por haberse cambiado el nombre”.
Córdoba Larrarte alertó a los entes territoriales sobre los riesgos que corren los recursos públicos con la contratación de las mallas empresariales y advirtió que “no podemos permitir la cartelización de la economía, lo que eventualmente se traduciría en aumentos generalizados de los precios”.
Carlos Felipe Córdoba Larrarte manifestó la necesidad de que las contralorías amplíen la lupa a los procesos de selección que se desarrollen este año.
Por Edilberto Castillo Rada