De esta manera se da inicio al cierre adecuado y gradual de las investigaciones contra las macroestructuras paramilitares, implementada por la Fiscalía y que comprende a 488 postulados por cerca de 19 mil hechos delictivos, en los que resultaron afectadas más de 64 mil víctimas.
El proceso comprende el cierre de las siguientes macroestructuras criminales:
Macroestructura de Mancuso, que incluye al Bloque Resistencia Tayrona, Bloque Córdoba y Bloque Norte.
Bloque Central Bolívar
Bloque Elmer Cárdenas: frentes Costanero, Dabeiba, Tanela y Héroes de Boyacá.
Bloque Centauros: frentes Sumapaz, Guavio, Héroes de San Fernando, Capital e Independientes de San Martín.
Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá.
Autodefensas Campesinas de Cundinamarca.
El vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, aclaró que “entre los máximos responsables de estas macroestructuras que fueron imputados se encuentran Salvatore Mancuso Gómez, alias ‘El Mono Mancuso’; Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’, Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’; Miguel de Jesús Piraban, alias ‘Jorge Pirata’; Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’; Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón’; y Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias ‘El Águila’.
El representante del ente investigador explicó algunos de los hechos emblemáticos cometidos por estas estructuras, como los que le fueron imputados al Bloque Central Bolívar, entre los que se cuentan dos casos de empalamiento, desaparición forzada, tortura y secuestro en el departamento de Putumayo, municipio de San Miguel – inspección La Dorada, el 28 de diciembre de 2000.
Igualmente, la incursión en esa misma inspección el 21 de septiembre de 2000, donde hubo más de 30 personas desaparecidas y cerca de 300 desplazadas.
Frente al Bloque Elmer Cárdenas afirmó el Vicefiscal Perdomo, se imputó el desplazamiento forzado luego de la masacre de Bojayá, en mayo de 2002.
Al Bloque Centauros se le atribuyó la masacre ocurrida el 17 de febrero de 2001 en el barrio Caracolí, Altos de Casuca, del Municipio de Soacha, Cundinamarca, donde fueron asesinados los jóvenes Elver Adrián Bueno Lopera, Adonai Vargas Ardila, Dalavier Cubillos Lesma, Jhon Alexander Cepeda Franco y Leonardo Rodríguez.
Por otra parte, a las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, se les imputó la desaparición forzada, con participación de miembros del Ejército Nacional, de los investigadores del CTI de Bucaramanga Alirio Achipiz Achipiz y Antonio Contreras Calderón, y un menor de edad; en hechos ocurridos en San Vicente de Chucuri, Santander, el 22 de junio de 1994.
Otro de los Bloque imputados es el Córdoba, por la masacre de Saiza – Tierra Alta Córdoba, perpetrada el 14 de julio de 1998.
Finalmente, el Bloque Cundinamarca fue imputado por el caso de mujeres campesinas y líderes de los sectores de influencia de ese bloque, quienes sufrieron violencia sexual y otras formas de violencias basadas en género, debido al dominio paramilitar en la región. Al respecto, se han ubicado aproximadamente 15 casos, en los que se ha realizado un abordaje interinstitucional para la investigación. “Hemos querido que en estos casos de abuso sexual la investigación o abordaje del caso no sólo se haga por parte de la Fiscalía sino de otras instituciones”, afirmó el Vicefiscal General de la Nación.
De esta manera comienza el proceso formal de judicialización ante los magistrados por los delitos o patrones de macrocriminalidad esclarecidos, y se posibilita la intervención de las partes en las audiencias públicas para conocer la verdad de lo sucedido y establecer la responsabilidad de los postulados en los hechos denunciados por las víctimas o investigados de oficio.