En audiencia virtual realizada ayer en la Procuraduría Regional del Cesar, el exalcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández presentó sus alegatos para defenderse dentro de la investigación que le siguen por el empréstito de los 36 mil millones de pesos para mejorar el servicio de agua potable en la ciudad.
El exmandatario quien asumió su propia defensa, explicó que la ley es la que dice si tiene que pedir autorizaciones o no al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo que no comparte las declaraciones del Ministerio Público en ese sentido.
“Los indicadores económicos en su momento, de acuerdo al estudio que hizo el Confis y de acuerdo al estudio que hizo el gobierno, lógicamente nos daban unos índices económicos favorables al Municipio y no necesitamos la autorización del Ministerio de Hacienda. El otro reparo es referente a que no teníamos calificación de riesgo, ahí también tenemos el argumento de que había dos calificaciones, una en el 2009 dada por una calificadora de riesgo y la del 2010, documentos que se aportaron por el suscrito a la investigación en su momento”, dijo Fernández.
El exalcalde aspira que con los alegatos presentados y la sustentación de la versión libre que hizo en Bogotá, pueda demostrar su inocencia, según dijo, porque la única autorización que necesitaba el alcalde para someterse a ese crédito público era la autorización del Concejo Municipal de Valledupar que se hizo a través del acuerdo 004 de 2010.
“Creo que en eso debemos tener claridad, porque en lo absoluto el Municipio no está intervenido por el Ministerio, era autónomo para acceder al crédito y lo otro, también hicimos los aportes documentales que nos permiten establecer que había dos calificadores de riesgo, una en el 2009 y otra 2010 que calificaron y ese mismo ejercicio económico que hizo, el Municipio a través del Confis y que hizo el consejo de gobierno coincide con las cifras manejadas con las calificadoras de riesgo”, explicó el exmandatario.
La investigación que le inició la Procuraduría a Fernández se basa en una queja de la Contraloría Municipal, por el crédito de los 36 mil millones de pesos que mejoraría el servicio de agua potable en Valledupar y en algunos corregimientos.
Sandra Santiago B.
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