A las 11:00 de la mañana de ayer, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Valledupar con Funciones de Control de Garantías, la Fiscalía 70 de Bogotá delegada ante el Tribunal Superior, reveló nuevos detalles de la investigación que se adelanta en contra del fiscal 24 de Chiriguaná, Guillermo Segundo Díaz García, que desde hace dos días comparece en los estrados judiciales de Valledupar tras ser capturado.
En la continuación de la audiencia de medida de aseguramiento que se extendió durante casi todo el día de ayer, el ente acusador expresó que tenía suficientes materiales probatorios para solicitarle al juez que Díaz García sea enviado a prisión como medida preventiva, durante el desarrollo del debido proceso.
El fiscal 70 de Bogotá, adscrito a la unidad especializada contra la corrupción, develó que el procedimiento de allanamiento por el que los entonces detectives del CTI, José Luis Villalobos Contreras y Nelson Ricardo Montalvo Cortina, realizaron al denunciante se hizo al parecer premeditadamente para obtener beneficios económicos.
Según la investigación, el cinco de marzo del año 2015 que estos funcionarios llegaron a la finca ‘Pachito’ para capturar al propietario y decomisarle una mercancía de contrabando, lo realizaron con una orden de allanamiento que carece de legalidad por tener diferentes irregularidades que, al parecer, fueron avaladas por el fiscal Guillermo Segundo Díaz.
“La orden de allanamiento fue hecha con base a un informe falso con fecha de 5 de marzo 2015 donde aparece el nombre de dos investigadores, entre esos el señor José Luis Villalobos Contreras, que se encontraba disfrutando de vacaciones, que es la persona que lo firma (…), además tenía como finalidad capturar personas que almacenan una determinada cantidad de elementos de contrabando sin existir allí ni siquiera una persona individualizada”, dijo el fiscal.
Agregó que ese cinco de marzo de ese año los detectives de Chiriguaná luego de capturar y decomisar la mercancía de contrabando al propietario, comenzaron a exigirle la suma de $100 millones, pero luego de pedir descuento y negociar, se pagó la suma de $30 millones a los del CTI y a un Policía. Sin embargo, en el negocio al dueño solo le terminaron devolviendo fue la mitad de la mercancía, por lo que instauró la denuncia ante la Fiscalía el diez de marzo del año 2015.
El organismo investigador advirtió que uno de los contundentes hallazgos es que al decomisar los elementos de contrabando y detener al sujeto se tenía que haber generado una noticia criminal que hasta el 19 de noviembre no existe en el sistema de la Fiscalía.
“En el expediente solamente se advierten dos oficias suscritos por el fiscal uno con fecha del 20 de marzo 2015 dirigido al jefe de Oficina de Asignaciones, que dice: por medio del cual se hace allegar la diligencia adelantadas contra desconocidos por el presunto delito de contrabando Y otro dirigido a jefe del CTI, donde solicita ingresar la noticia. A ambos oficios no se les dio trámite”, afirmó el fiscal, quien además dijo que todo se realizó bajo los ojos del detenido que omitió todo el debido proceso, dando lugar a que sea judicializado por los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y favorecimiento agravado.
Entre tanto, el abogado del fiscal, Hugo Mendoza, expresó que no se evidencian irregularidades y que lo realizado es la práctica común de la Fiscalía.
“Lo que se revela aquí es la práctica judicial permanente de la Fiscalía en materia de allanamiento y registro e inclusive desde ya yo afirmo que ahí es donde se ve más fuente de la criminalidad ocultas. Porque se hace los allanamientos sobre realidades y se modifican fecha”, dijo el abogado Mendoza, en la audiencia al cierre de esta edición. La audiencia nuevamente en la tarde de ayer fue suspendida y quedó para hoy la medida de aseguramiento que se le impondrá al fiscal Guillermo Segundo Díaz.