La poca colaboración que el antiguo jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, mostró con la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no solo costó su cupo de ingreso a la justicia transicional, sino que también podría dejar sin verdad estruendosos crímenes que habían sido analizados años atrás por esa corporación.
Uno de los casos tiene relación con la persecución criminal que sufrieron algunos docentes en los departamentos del Cesar, Magdalena y Atlántico. Entre las víctimas está la docente del colegio La Esperanza, Nohora Martínez Palomino, asesinada al parecer por equivocación el 19 de abril del año 2004 en Valledupar, y la profesora Ingrid Esther Cantillo Fuentes, quien fue sacada a una calle en frente del cementerio del corregimiento de Bahía Honda, Magdalena, para matarla.
Otra víctima es el sociólogo y profesor universitario Alfredo Rafael Francisco Correa de Andreis y su escolta Edelberto Ochoa Martínez, ultimados con arma de fuego en una vía de Barranquilla.
“Posteriormente se logró establecer que los ejecutores de este doble homicidio eran miembros del Bloque Norte (frente José Pablo Díaz) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en ese entonces comandado por Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, y que el móvil estuvo asociado a una extraña investigación penal que la Fiscalía 33 Seccional de Cartagena le siguió a Correa de Andreis por el delito de rebelión, con base en las declaraciones de presuntos testigos conseguidos por agentes del DAS, mediante los cuales se señalaba al catedrático como ideólogo y auxiliador del Bloque Caribe de las FARC, donde supuestamente era conocido como alias ‘Eulogio’”, reza la resolución 008114 de la JEP.
LOS COLABORADORES
Rodrigo Tovar Pupo, de profesión administrador agropecuario, después de ser empleado del sector público y privado en los años 90, ingresó a las AUC inicialmente como enlace del grupo armado con varios miembros de la clase dirigente, cuyos nombres son desconocidos.
Por ejemplo, en las últimas audiencias ante la JEP, Tovar de manera escueta se refirió al tema. Mencionó que Jorge Gnecco Cerchar se encargó de implementar el impuesto de guerra a nombre de las AUC en el Cesar. Además, poco habló sobre quiénes eran los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en masacres, desplazamientos u operativos en la región. Una posición que costó su rechazo definitivo de ingreso a la jurisdicción de paz como sujeto funcional de la Fuerza Pública.
“Muestra claramente la intención del solicitante de ofrecer poca o nula información a la JEP, motivado además en salvaguardar exclusivamente sus propios intereses defensivos, más no en contribuir decididamente a esclarecer la verdad para las víctimas y la sociedad”, señala la resolución mediante la cual no se admitió su sometimiento a la JEP.
Pero la actitud de Tovar es repetitiva. Tras desmovilizarse el 11 de marzo de 2006 y acogerse a los beneficios de la pena alternativa consagrados en la Ley 975 de 2005, en la que se comprometió a confesar los hechos delictivos, no cumplió y fue excluido de la Jurisdicción de Justicia y Paz.