Durante los doce meses del presente año fueron muchos los casos sonados de corrupción que las autoridades destaparon en el departamento del Cesar, pero sin duda alguna unos fueron más trascendentales que otros por el impacto que tuvieron en la administración gubernamental y la opinión pública.
CARTEL DEL COMPARENDO
Uno de los casos más recordados es el denominado ‘Cartel del comparendo’, orquestado aparentemente por funcionarios de la Secretaría de Tránsito Municipal y terceros en la que se perdieron aproximadamente 1.004 sanciones por alcoholemia a cambio de dinero en Valledupar.
La investigación inició en el año 2020 por unas irregularidades denunciadas. Entre esas está que los funcionarios no registraban la información de los comparendos de manera oportuna en las plataformas del Civitrans y Simit, pero los vehículos implicados eran retirados; así como tampoco subían las decisiones judiciales.
Las autoridades estimaron que en los últimos tres años el municipio dejó de recibir más de $2.000 millones de pesos por concepto de multas por infracción de tránsitos a causa de la corrupción.
Los salpicados el caso son la inspectora Julieta Margarita Hinojosa, la secretaria ejecutiva Letzzy González, la contratista Margarita Cartagena, la secretaria Amparo Estrada y el auxiliar administrativo Odacyr Montenegro, así como también los tramitadores Tatiana Cuello y William Redondo.
LA CAÍDA DE MONSALVO
Son muchas las investigaciones que tienen en la ‘mira’ por corrupción al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, pero este año solo una logró apartarlo por un tiempo prolongado del cargo.
Se trata de las irregularidades encontradas en un contrato para el Programa de Alimentación Escolar, PAE, que realizó el mandatario cuando se desempeñó como gobernador por primera vez entre el periodo 2012-2015.
Este presentó falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y omisiones de los requisitos de ley, que habrían originado un detrimento patrimonial que asciende a los $3.172.808.072.
Además, Monsalvo también se habría encargado de beneficiar a un grupo específico de personas, situación que hizo que la justicia considerara que fuera necesario imponer una medida de aseguramiento domiciliaria para apartarlo de las funciones públicas.
EL PACTO ENTRE EMPRESARIOS Y POLICÍAS
Este año también quedó al descubierto la manera cómo aparentemente miembros de la Policía Nacional de la Seccional de Tránsito y Transporte se confabularon con dos empresas importantes de grúas del departamento del Cesar para la libre circulación de sus cargas a cambio de grandes sumas de dinero.
Los uniformados habrían permitido que los vehículos de las empresas Multigrúas del Cesar del municipio de San Martín y Grúas Londoño’ de Aguachica, violaran la resolución N° 004959 del Ministerio de Transporte, que regula los permisos y autorizaciones para transportar cargas indivisibles, extrapesadas y extradimensionadas por las vías nacionales.
Por eso fueron judicializados Jeorgy Pabón, exjefe de la seccional de Tránsito y Transporte del Cesar; la teniente Julie Ramírez, exjefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena; el intendente (r) Ferneis Flórez y el patrullero (r) Fredy José Cobo.
Asimismo, Juan y Carlos Londoño Agudelo, propietarios de la empresa ‘Grúas Londoño’, Federman Gómez Zapata, Fabio Benavides Vargas y Elkin Morales Benavidez, de Grúas del Cesar.
ALIANZA EN ‘LA TRAMACÚA’
Durante aproximadamente tres años la cárcel ‘La Tramacúa’ de Valledupar habría sido burlada por siete dragoneantes que se aliaron con los privados de la libertad con el fin de permitir el ingreso de elementos prohibidos a cambio de grandes sumas de dinero.
Lo hacían, aparentemente, con sofisticados drones con los que ingresaban droga, licor, celulares y simcards para temidos internos de la penitenciaría, la cual es considerada como una de las más seguras del país.
Los que cayeron por este caso son los guardias Edgar Martínez, Fabián Cangrejo, Wesly Palacio, Andrey Durán, Jaime Herrera, Herney Novoa y Henry Rendón.