Cuatro casos documentados durante la investigación por la Fiscalía son los motivos por los que llevarán a juicio al inspector (r) de Policía urbano de Valledupar, Raúl Castro Peña, por aparente corrupción.
Así lo dio a conocer la Fiscalía 5 seccional, representada por Johan Ustáriz, en la formulación de acusación que realizó contra Castro este viernes en una audiencia celebrada ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito con función de Conocimiento.
El exfuncionario habría cometido las actuaciones irregulares con permanencia en el tiempo desde el año 2015 hasta el 2021 cuando fue detenido. El primer caso denunciado sucedió el 6 de octubre de 2015. En esa oportunidad, Castro Peña aparentemente exigió $100.000 a una ciudadana para beneficiarla en un conflicto de convivencia que tenía con un vecino por la rama de un árbol que afectaba su casa.
Otro hecho ocurrió el 14 de septiembre de 2019. Castro presuntamente solicitó a una mujer la suma de $700.000 para emitir una orden de desalojo contra un inquilino del cual la ciudadana se estaba quejando. Sin embargo, la femenina solamente le entregó $500.000 al día siguiente de una reunión de conciliación que sostuvo con el inquilino y el inspector.
Asimismo, el 14 de agosto de 2020, Castro habría exigido la suma de $100.00 a un ciudadano a cambio de emitir a su favor un trámite de restitución de un lote ubicado en Tierra Prometida. Finalmente, en el mes de abril de 2021 el inspector también habría pedido $700.00 a un comerciante con el fin de resolver a sus intereses un conflicto contractual sobre el arriendo de un local comercial en la capital del Cesar.
“Se evidencia la participación a título de dolo y en calidad de autor del señor Raúl Alberto Castro Peña por haber abusado de su cargo o funciones como inspector urbano de Policía Valledupar, al constreñir e inducir a los presuntos infractores del Código de Policía y usuarios del servicio a dar o prometer sumas de dinero para su propio beneficio a cambio de resolver favorablemente su situación. Con su comportamiento ha lesionado los bienes jurídicos protegidos por la constitución y la ley”, puntualizó el fiscal Johan Ustáriz.
En consecuencia, acusó a Raúl Castro Peña por el delito de concusión. No obstante, el exfuncionario se declaró inocente de los cargos, por lo que mediante su defensa espera desvirtuar los hechos referenciados.
Mientras tanto permanece privado de la libertad en su lugar de residencia por una medida de aseguramiento que profirió en su contra un juez de control de garantías en las audiencias preliminares.