El Programa de Alimentación Escolar, PAE, es una de las estrategias más antiguas creadas en el territorio nacional para mejorar mediante el complemento alimenticio la capacidad de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes registrados en la matricula oficial. Sin embargo, en los últimos años ha sido aparentemente utilizada como un arma de ‘doble filo’, en la que políticos y terceros habrían sacado ventaja económicamente.
En ese sentido, muchos dirigentes gubernamentales, funcionarios públicos y ciudadanos del común del departamento del Cesar han estado bajo el ‘radar’ de los entes de control e investigativos. Uno de ellos es el exalcalde de Valledupar, Fredy Miguel Socarrás Reales, señalado realizar de manera irregular una contratación en el PAE durante su periodo de gobierno en el año 2014.
Lee aquí también: “El fallo reconoce que no hubo corrupción, pero investiga posibles errores”: Socarrás
Junto a él también son investigados el exsecretario de Educación, Asdrúbal Rocha Lengua; y la exasesora jurídica, Mery María Romero Mestre.
Las irregularidades se habrían presentado en la etapa precontractual del convenio de cooperación N° 02 del 214, que tenía como propósito “garantizar el servicio de alimentación durante la jornada escolar de los niños, niñas y adolescentes escolarizados en el área rural” de la capital cesarense.
Para materializarlo el exmandatario aparentemente hizo una contratación a ‘dedo’ por un monto de 9 mil millones de pesos, haciendo caso omiso a la licitación pública, establecida por la ley colombiana en casos puntuales.
Por estos hechos, en el mes de septiembre del año pasado la Fiscalía 12 seccional les imputó cargos a todos en el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de Control de Garantías de Valledupar. Al exalcalde y exsecretario por celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y a la exasesora jurídica por el delito de prevaricato por acción, de los cuales todos se declararon inocentes.
Lee aquí también: Disminución de raciones alimentarias en colegios de Valledupar causa malestar
EL CASO DE CODAZZI
Precisamente, la contratación es uno de los aspectos por los que comúnmente llaman a responder a los administradores municipales. En el mes de mayo de 2019, el exalcalde Codazzi, Efraín Quintero Mendoza, también fue cuestionado por la Fiscalía 12 seccional por realizar de ‘manera irregular’ un contrato de prestación de servicio No. 002 del 5 de junio del 2015 por un valor de $1.226.177.920.
Este fue suscrito en el año 2015 y presuntamente presentó sobrecostos que ocasionaron un detrimento patrimonial que supera los 340 millones de pesos. Es decir, se habría sobrevalorado las raciones de los alimentos entregados a los estudiantes por no tener en cuenta el análisis de los precios en el mercado; asimismo la cantidad de la población beneficiada no era la misma estipulada en el contrato de alimentación escolar.
Todo inició por unos hallazgos en el año 2016 que fueron presentados en una auditoría de la Contraloría General de la Nación, CGR, en la que se anunció que evidenciaron sobrecostos por valor de 341 millones 266 mil pesos, es decir, más del 27 % del valor del contrato.
Añadió que tampoco se consultó el estudio de costos por componente del Programa de Alimentación Escolar para el período 2015, ni se tuvieron en cuenta los contratos anteriores para la ejecución del PAE en otros municipios del departamento del Cesar.
Por tal razón, el exmandatario fue judicializado con el exsecretario de Educación, Raúl Casimiro Bermúdez Castilla, la contratista Linda Xiomara Navarro Hernández y la ingeniera civil Diana Margarita Trujillo Arévalo. No obstante, todos afrontan el caso en libertad.
Este proceso se encuentra en etapa preparatoria para posteriormente iniciar el juicio oral ante el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con función de Conocimiento.
LOS EXSECRETARIOS Y EL SENADOR
Finalmente, también tienen cuentas pendientes los exsecretarios Jorge Eliecer Araújo Gutiérrez y Jaime Luis Fuentes Pumarejo, de Educación Departamental y Secretaría General, respectivamente, así como el senador Didier Lobo, quien fue alcalde de La Jagua de Ibirico.
Los dos primeros están siendo procesados por unas irregularidades denunciadas por la Contraloría General de la Nación sobre el contrato suscrito por la Gobernación de Luis Alberto Monsalvo en el periodo 2012–2015 y la contratista Ivis del Carmen Rosado. En este se habría registrado elevados precios en los productos.
Una aparente realidad que ahora también afecta al mismo gobernador del Cesar, quien fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.
Lea aquí también: Gobernación habría pagado $65.460 por cada kilo de hígado
Según la investigación, hubo sobrecostos en los productos como el hígado que fue pagado a $65.460 pesos cada kilógramo.
Al respecto, el abogado Iván Cancino, representante del gobernador, precisó que demostrará la inocencia del mandatario. “La Fiscalía a veces abusa de los servidores públicos para imputarles sin que exista delito. El gobernador cumplió con su función. Él no firmó el contrato, no participó en las etapas previas, pero sí designó a personas idóneas para ello y estuvo atento a informes de la interventoría. Cada parte de la imputación será explicada de manera correcta y clara cuando le toque a la defensa”, dijo el jurista.
El senador Didier Lobo, por su parte, fue sancionado por la Procuraduría por presuntos sobrecostos superiores a los $3.000 millones en paquetes nutricionales para la recuperación de niños desnutridos o en riesgo de malnutrición y de madres lactantes y gestantes, que fueron aprobados por él cuando estaba en la Alcaldía de La Jagua de Ibirico.