BOGOTA (AP) —
Dos civiles y dos militares, entre ellos un coronel retirado del Ejército, fueron llamados a juicio por su presunta participación en la desaparición y posterior asesinato de dos hombres, parte del escándalo de ejecuciones extrajudiciales a manos de uniformados, informó la Fiscalía.
La Fiscalía aseguró, en un comunicado, que la decisión recayó sobre el coronel retirado Álvaro Diego Tamayo, el subteniente Luis Francisco Ríos y dos civiles porque al parecer participaron en los hechos en lo que resultaron muertos Camilo Andrés Valencia y Daniel Suárez en diciembre del 2007.
De acuerdo con la Fiscalía, Valencia y Suárez fueron reportados como muertos en combates el 6 y 7 de diciembre del 2007 en dos distintas zonas del departamento de Norte de Santander, en el noroeste del país.
Los civiles llamados a juicio son Alexander Carretero y Víctor Manuel López, quienes de acuerdo con los fiscales engañaron a Valencia y Suárez con ofertas de trabajos inexistentes para llevarlos a regiones del noroeste del país.
Según la Fiscalía, una vez en las localidades de Ábrego y Ocaña, ambos en el departamento de Norte de Santander, los dos civiles fueron entregados a militares, quienes posteriormente los reportaron como delincuentes abatidos en combate.
El coronel retirado Tamayo fue edecán del presidente Álvaro Uribe en el 2002 a inicios de su gobierno.
En octubre de 2008, Uribe destituyó a 27 militares –entre ellos tres generales del Ejército y a varios coroneles entre ellos Tamayo– porque por acción u omisión participaron en la desaparición y posterior asesinato de 11 hombres de Soacha, una barriada al sur de Bogotá, desatándose uno de los mayores escándalos en tiempos recientes de ejecuciones extrajudiciales en el seno de las fuerzas militares.
De acuerdo con la Fiscalía, hasta ahora han sido condenados por casos de ejecuciones extrajudiciales, 218 uniformados, entre ellos cinco con el grado de teniente coronel, seis mayores, nueve capitanes y 14 tenientes. Y hasta el 15 de febrero último, la Fiscalía tenía 1.244 procesos abiertos por denuncias de ejecuciones extrajuidiciales con al menos 2.318 eventuales víctimas.