Dos líderes sociales y representantes del Partido Comunes del departamento del Cesar tuvieron que marcharse de su lugar de residencia ubicada en la Urbanización Nando Marín, sur de Valledupar, por unas amenazas en su contra por parte de unos presuntos delincuentes.
Estos pintaron con aerosol las paredes de la fachada de su apartamento con un mensaje intimidante que dice: “Muerte a partidos comunes”.
El escrito fue pintado a nombre del frente ‘Francisco José Morelos Peñate’ de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, y solicita a los voceros comunitarios a marcharse del vecindario.
Los afectados son Sifredy Culma Vargas, presidente de la Fundación Integral de Víctimas y Restitución de Tierra, Fundevinsur, y su esposa Delia Villegas Acuña, secretaria de la misma corporación, quienes decidieron abandonar su apartamento.
Sifredy Culma manifestó que la amenaza la hicieron mientras que ellos estaban en una cita con la JEP en la ciudad de Cartagena, Bolívar.
“Nos había llamado la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y nos encontrábamos en una entrega de un informe que debíamos presentar sobre el caso que llevábamos del corredor minero (sobre la violencia en ese terreno) que se nos había solicitado, por lo que estábamos en Cartagena”, explicó Culma.
Agregó que estando allá lo llamaron para informarle sobre el vandalismo y violencia en contra de su lugar de residencia.
“Es la primera vez que hacen grafitis, pero ya veníamos siendo amenazados, el año pasado en el tiempo del paro nacional nosotros salíamos a las marchas y fuimos amenazados por este grupo que parece que vive por ahí cerca”, aseveró Culma mientras estaba en una pequeña habitación donde se refugió en un inmueble lejos de su hogar.
Todas las intimidaciones han sido colocadas en conocimiento de las autoridades, pero hasta ahora los líderes solamente cuentan con unos escoltas que trabajan para el Partido político Comunes.
“Estamos siendo monitoreados por la misión de apoyo de la ONU porque son los que más han estado al tanto de la situación de nosotros”, finalizó Culma.
EL PILÓN conoció que el caso fue atendido por la Defensoría del Pueblo y conocido por la Policía Nacional.