En medio de dos extensas jornadas realizadas ayer, fue legalizada la captura de los médicos, abogados, psicólogo y tramitadores vinculados a una presunta defraudación al sistema pensional, en la que habrían declarado con documentos originales incapacidad mental y de otras enfermedades, para cobrar la respectiva pensión.
Según la Fiscalía, el fraude que data desde el año 2011 benefició a unas 550 personas, que tratamitaron pensiones a través de Colpensiones y fondos privados, con el aval de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar.
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La jueza de control de garantías de Valledupar acogió los argumentos esgrimidos por la Fiscalía 12 Seccional, para legalizar tanto las capturas, como los procedimientos de allanamientos de las viviendas de los implicados. Los procedimientos fueron adelantados de manera simultáneas entre las 6:00 y 6:30 de la mañana del pasado lunes en Valledupar, Riohacha, La Guajira y Soledad, Atlántico, hasta donde se desplazaron los investigadores judiciales del CTI para darle cumplimiento de a las órdenes de capturas, cuyo proceso de legalización se extendió hasta horas de la noche de ayer, martes, en el cuarto piso del Palacio de Justicia de la capital del Cesar.
Al cierre de esta edición, a un avanzada la vista pública sobre la legalización de los allanamientos, para continuar hoy miércoles con la imputación de cargos y luego la medida de aseguramiento.
Sustentación del proceso
Cerca de dos horas duró la primera jornada sobre la sustentación de legalización de captura contra los diez capturados por el presunto fraude al sistema pensional, solicitada por el Fiscal 12 Seccional de Valledupar. Durante la prolongada vista pública, que se vio interrumpida por dos recesos, el representante del ente acusador hizo la presentación pormenorizada de cada uno de los implicados en el proceso investigativo. En esta etapa, el fiscal descubrió los elementos materiales probatorios, para que la jueza tuviera en cuenta en su decisión, para legalizar las capturas y los allanamientos realizados en las viviendas de cada uno de los sindicados, y en una IPS en Riohacha, La Guajira. Así mismo en otros inmuebles, donde mantenían algunos documentos que hacen relación con los procedimientos en la defraudación económica, materia de investigación.
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En varios de estos procedimientos, los investigadores judiciales que ocuparon las viviendas, encontraron trámites de pensiones, tutelas, folios, documentos, computadores, celulares, historias clínicas de pacientes y otros elementos que serán analizados como elementos materiales probatorios.
Los capturados
Teresa de Jesús De la Hoz Solano, médico; Eduardo Urbano Marrugo Castrellón, médico, integrante de la Junta; Carlos Arturo Montero Araújo, médico, integrante de la Junta; Manuel De Jesús Altamar Colón, médico siquiatra; Gilmar Silvero Linero, médico y abogado; Emili Said Baines Ferrer, abogado; Mariano de Jesús Amarís Consuegra, abogado, integrante de la Junta; Yamile De Jesús Pérez Domínguez, psicóloga, integrante de la Junta; José Miguel Meléndez Vega y Gian Carlos Miranda Isaza, intermediarios.
A estas personas les imputarán cargos por concierto para delinquir, cohecho, concusión, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
Los fondos
“Contamos con las resoluciones de pensiones que se reconocieron a más de 400 personas a partir del año 2011 con estos dictamenes de incapacidad por enfermedad comun y también por enfermedades psiquiatricas”, dijo Dayana Zarate, representante de Colpensiones, en calidad de víctimas.
A las diligencias de judicialización asisten representantes de otras entidades, como Porvenir y Sura, porque habría sido desfalcadas con los cuestionados diágnosticos de la Junta de Regional de Calificación de Invalidez del Cesar.
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