Luego que un juez de control de garantías otorgara el cambio de medida de aseguramiento intramural por la detención domiciliaria a la funcionaria de la UPC María Inmaculada Pinto Cerchar, su abogado titular, Tomás Javier Oñate Acosta en conversaciones con EL PILÓN informó cuales habrían sido los elementos materiales probatorios que presentaron para que el despacho judicial tomara esta determinación.
El jurista comunicó que entre el compendio probatorio presentaron un certificado de la comunidad residentes en vecindario de la procesada, que dan fe de que esta no representa amenaza para la seguridad de la sociedad; visita del Bienestar Familiar que determinó que era madre cabeza de familia; y una prueba grafológica que arrojó que la firma de los certificados aparentemente falsos objeto de investigación no era la de ella, entre otras.
Esta última evidencia el abogado la solicitó en el marco del proceso disciplinario que se adelanta en el plantel educativo sobre Pinto Cerchar.
“Yo requiero para que se produzca y se ordene mediante un auto la elaboración o la práctica de una prueba científica técnico-grafológica por parte de la Sijín y que por ende la universidad ordenó dicho acto. Se materializó dicha prueba se recopilaron las firmas, los trazos grafológicos de la señora Pinto Cerchar y por ende arrojó como resultado positivo a su favor de que ella no fue quien produjo la falsedad en el contenido de los certificados de grados investigados y también que la firma de dicho certificado falso en asunto no corresponden a la suya”, acotó el abogado.
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Esta solicitud de medida sustitución de medida de aseguramiento la había hecho Oñate Acosta en días anteriores, sin embargo a la audiencia asistió el abogado suplente, Hugues Maya.
“La norma establece que cuando nace a la vida jurídica pruebas sobre vinientes que garantizan y alcanzan a desvirtuar la inferencia mínima de autoría o participación procede a sustituir la medida o en su defecto revocar la medida de aseguramiento. Por ende esto ya se produjo y se logró como un resultado que a la señora se le concediera el beneficio de la domiciliaria para continuar la investigación”, puntualizó.
Esta se encontraba recluida en el centro carcelario desde septiembre del 2018, fecha en que en audiencias preliminares el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías decidió cobijarla con medida de aseguramiento intramural a la funcionaria.
LA FISCALÍA
De acuerdo al escrito de acusación radicado por la Fiscalía a la funcionaria y conocido por EL PILÓN a esta la señalan de ser responsable de los delitos de falsedad material en documento público y fraude procesal.
“Se le atribuye inicialmente haberle hecho nacer a los estudiantes Sandy Carolina Villazón Daza y Alonso José Carvajal Daza la idea criminal de falsificar documentos públicos, puntualmente unas certificaciones de evaluación de seminarios que era necesario aprobar para poder optar al título de abogado”, reza el documento.