En el recinto del Concejo de Valledupar se llevó a cabo el debate sobre la situación generada por la migración de venezolanos al muncipio, donde el concejal Carlos Daza como ponente del debate pidió a la admisnitración municipal que mostrara las herramientas que han venido utilizando y con las que cuenta para atender a esta población.
“Sabemos que es una problemática que es de resorte nacional, que aquí muy poco o nada se puede hacer, pero sí debemos tocar la magnitud de la problemática de nuestros hermanos venezolanos contra quienes no hay una actitud xenofóbica, sino un abrazo por parte de esta ciudad”, dijo el corporado.
Daza aseguró que a raíz de eso en Valledupar hay un problema grande de seguridad, además de una problemática social y económica. “Para nadie es un secreto lo que sucede en cada semáforo de la ciudad o en el sector de la construcción, donde los vallenatos se están quedando sin empleo por una mano de obra más económica por parte de los venezolanos. Las estadísticas mienten. En migración sólo están registrados las personas que llegan legal, pero donde están los venezolanos que entran por las trochas”, dijo el ponente.
En Valledupar hay registrados alrededor de 12 mil venezolanos; sin embargo las autoridades estiman que en el municipio hay por lo menos cinco mil personas más que no se registraron, por lo que esperan que se creen unas mesas de trabajo con veedores venezolanos y que esta comunidad genere un compromiso social con esta ciudad que los está acogiendo, y es denunciar a las personas que estén haciendo las cosas mal hechas.
Por su parte, Rafael Morales, vocero venezolano, dijo que en Valledupar sus conciudadanos son perseguidos y han sido violentados. “Reconocemos que los venezolanos han llegado aquí y lamentablemente han sido absorbidos por bandas criminales que usan a esos que vienen de ser bandidos allá y encuentran una oportunidad aquí. Nosotros estamos en contra de ese tipo de acciones pero hay que ir a las bases”, acotó.
Mientras tanto el secretario de Gobierno, Gonzalo Arzuza, dijo que la administración está dispuesta a trabajar de manera articulada sobre la problemática que aducen; sin embargo algunas acciones deben concertarlas con el Gobierno Nacional.