Después de dos años de haber llegado de suelo norteamericano donde pagó una condena por narcotráfico, el antiguo jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, conocido como ‘Jorge 40’, se juega por última vez su entrada a la Jurisdicción Especial para la Paz donde podría conseguir beneficios de ley como la libertad.
Pero su acogida a la justicia transicional está supeditada al nivel de compromiso que Tovar Pupo tenga para contar la verdad y exponerla ante la JEP, motivo por el que la jurisdicción lo citó a las audiencias públicas que se desarrollarán el próximo 26 y 27 de enero de 2023.
¿VERDAD PUNTUAL?
Las audiencias tienen en expectativa a la comunidad por el papel trascendental que Tovar Pupo jugó en el conflicto armado colombiano. Sin embargo, el aporte exigido será puntual en el contexto de la violencia del territorio nacional.
Esto se debe a que analizarán su sometimiento como sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública, es decir, como una persona que puso al servicio de los miembros de la fuerza pública un grupo armado organizado, GAO, para cometer crímenes conjuntamente.
Así las cosas, el Auto TP-SA 1187 de 2022, mediante el cual se abrió esta oportunidad al exjefe paramilitar, formuló una serie de interrogantes que esperan que responda de manera concreta el exparamilitar.
Las preguntas son: ¿A partir de cuándo ejerció labores para los paramilitares, así no fueran continuas, y en qué consistió ese apoyo o contribución en su alegada condición de tercero?, ¿cuál era el objetivo que perseguía con esto?, ¿fue representante legal o estuvo asociado a alguna Cooperativa de Seguridad Privada (CONVIVIR) antes de formar parte del Bloque Norte de las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia]?, ¿quiénes más contribuyeron a la instalación del Bloque Norte de las AUC y cuáles eran sus aportes y objetivos?, ¿cuáles de las personas que participaron en el acto fundacional del GAO luego lo integraron, de forma continua y bajo subordinación o en ejercicio del mando?, ¿cuál fue el valor total aproximado de las contribuciones económicas y de otro tipo que les proveyó a los grupos paramilitares, así como el que proveyeron otros?, ¿qué tan importante fue el respaldo de terceros, miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado para la instalación del Bloque Norte de las AUC en el Cesar y en departamentos circundantes?, ¿cómo recompensó el GAO la ayuda y el dinero recibidos?, ¿cuál fue su relación con Salvatore Mancuso Gómez, Carlos Castaño Gil y Vicente Castaño Gil?, entre otros interrogantes.
“La aceptación de su sometimiento en la JEP está condicionada a los aportes a la verdad plena que realice, los cuales deberán ser verificables, así como a sus propuestas de reparación y garantías de no repetición, de conformidad con la responsabilidad que reconozca. Será emitida decisión interlocutoria de rechazo, en caso de inasistencia a la audiencia única de verdad plena o silencio frente a las preguntas formuladas, también si lo manifestado durante la diligencia carece de pruebas que lo corroboren”, manifestó la JEP.
LA VOLUNTAD DE ‘JORGE 40’
Rodrigo Tovar Pupo a través de cartas en repetidas ocasiones ha mostrado el interés de colaborar con la JEP, las víctimas y al país como gestor de paz.
Su posición la fijó a mediados del presente año en una carta dirigida al nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro.
“Con la mirada puesta en poner punto final civilizado y consensuado a la guerra, a las economías ilegales, y a la violencia en todas sus expresiones, seguiré poniendo en el centro de la discusión nacional desde mi perspectiva política de Autodefensa, costeño y colombiano, la necesidad de construir los acuerdos que sean necesarios entre colombianos y colombianas que hagan posible la paz completa”, dijo en la carta.
Asimismo, instó a una convocatoria nacional sin exclusiones para llegar a un acuerdo sobre lo fundamental donde quepan todos, además insistió en que el proceso tenga el liderazgo político del jefe de Estado.
“Sin el liderazgo del jefe de Estado nacional y su pragmatismo político en acción no habrá presente para encaminar con rumbo cierto el fin real del conflicto armado, lo que seguiría impidiendo que el Estado social de derecho cumpla con sus fines fundamentales de protegernos, asegurarnos un orden público y garantizarnos estabilidad económica y desarrollo como nación”, puntualizó en el manuscrito.