El pasado 9 de febrero, la Gobernación del Cesar adjudicó al único proponente la interventoría del Programa de Alimentación Escolar del 2024. Aunque fue un concurso de méritos solo se presentó un proponente porque estaba direccionado el contrato, según una denuncia anónima que recibió EL PILÓN.
El contrato de $3.004 millones fue adjudicado al ‘Consorcio interventoría seguridad alimentaria 2024’, representado legalmente por Boris Hegel Illidge Torres. El consorcio está integrado por MSV Ingeniería & Servicios (24%) y Guason S.A.S. con un 76%.
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Este mismo grupo se ha ganado las interventorías del PAE, sin competencia, en los últimos cinco años: en el 2019 con el Consorcio Interventorías Integrales del Cesar; en el 2020 a través del ‘Consorcio Interventorías 2020’; Consorcio Especializadas en el 2021; Consorcio Estrategias Educativas en el 2022, y el año pasado con el ‘Consorcio PAE Cesar 2023’. Desde el 2020 aparece el mismo representante legal: Boris Hegel Illidge Torres.
AMIGO DE LOS GNECCO
En los últimos años, al igual que en el actual contrato, el director de interventoría es alguien cercano a la familia Gnecco. Se trata de José Eduardo Fernández Celedón.
En el 2014, ante la captura del entonces gerente, el entonces gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, nombró a José Eduardo Fernández Celedón, quien era funcionario de la Secretaría de Salud departamental, como gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López, pero su nombramiento temporal fue rechazado por los empleados administrativos hasta el punto de cerrar la puerta principal del Hospital para no dejarlo ingresar.
Además de José Eduardo Fernández, en todos los contratos de interventoría que se ha ganado el contratista han trabajado las mismas personas. Por ejemplo, Luz Perla Gómez Viecco aparece como coordinadora técnica también desde el 2019.
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El supervisor de estos contratos es Octavio Javier Lafont, quien como miembro de Gestión Administrativa de la Secretaría de Educación departamental, declaró en el juicio contra el condenado gobernador Luis Alberto Monsalvo, condenado por presunta corrupción en el PAE aplicado en el año 2015.