En comunicado oficial, la concejala indígena de Bogotá y lideresa del pueblo arhuaco, Ati Quigua Izquierdo, señaló al Estado colombiano de la crisis humanitaria que se está presentando en la Sierra.
De igual manera, solicitó a la Dirección de Asuntos Religiosos (Ministerio del Interior) y al Cabildo Interreligioso de Colombia “tomar acciones para encontrar alternativas de solución a los conflictos interreligiosos que se están presentando por la presencia de iglesias en la Sierra, y que contribuyan al esclarecimiento de la verdad histórica y al perdón”.
Con respecto a la actual situación de violencia, la concejala advirtió que es urgente “evitar un conflicto interétnico, debido a una misión cristiana liderada por el señor Atanasio Moscote, y que el viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Carlos Baena López, no intervenga para favorecer la creación de asociaciones indígenas cristianas que fracturan los gobiernos propios y el sistema de conocimiento, de gobierno, de justicia y territorial de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta”, cuyo conocimiento ancestral está en proceso de declaración como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.
La concejal indígena de Bogotá, integrante del pueblo arhuaco, reconoció como causa de esta problemática “las presiones sobre el territorio de la Sierra que se evidencian en el interés minero extractivo sobre 800 hectáreas de los 1.8 millones de hectáreas de territorio sagrado, además de la existencia de siete parques naturales con intereses que difieren de la protección del territorio en detrimento de los ecosistemas vitales, fuente de agua de los municipios y los departamentos vecinos”.
Según Quigua, “los intereses políticos y territoriales sobre el manejo y explotación de los recursos contenidos en la Sierra Nevada de Santa Marta nos han puesto en una situación de tensión nunca antes vista en nuestros territorios”, razón por la que instó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a brindar garantías, tanto para su protección personal como para la de los líderes “Luz Elena Izquierdo, Norey Quigua y Geremias Torres, al igual que la de sus familias que están siendo objeto de falsas acusaciones”.
La concejala agregó que “las declaraciones como persona no grata de estos miembros del pueblo Arhuaco no solo constituyen una ilegítima estrategia de fragmentación y estigmatización del pueblo arhuaco, sino que además ponen en riesgo sus vidas e integridad como sujetos particulares“.