La relevancia de la minería en el Cesar fue puesta en evidencia por la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Habid Daza, en el foro ‘Minería bien hecha para el desarrollo regional’, donde aseguró que el sector Minas y Canteras aportó al PIB (Producto Interno Bruto) más del 35 %.
“El Cesar posee 2.256.200 hectáreas, de los cuales 257.059 hectáreas son tituladas, lo que representa el 12.19 %. Posee 308 títulos mineros así: 171 de materiales para construcción, 71 de otros materiales, 55 de carbón y 11 de oro y metales preciosos. Siete títulos mineros están en explotación, 41 en construcción y montaje y 260 en explotación”, reveló la funcionaria.
Agregó que la producción de carbón se da en los municipios de La Jagua de Ibirico, Becerril, Codazzi, Chiriguaná y El Paso; la producción de materiales para construcción se realiza en Río de Oro, El Copey, Pailitas, San Martín, Pelaya y Curumaní; la producción de calizas y dolomitas se da en Bosconia, Manaure y Curumaní; y la producción de otros minerales se realiza en Valledupar, Chimichagua y San Diego.
“Las regalías por carbón en la región representan el 99.9 % y el 0.01% por materiales de construcción y otros materiales; en el 2015 representó 800.462 millones de pesos y en el 2016 representó 724.094 millones. La minería es una actividad impulsadora de la economía cesarense, puesto que generan 7.000 empleos directos y 6.000 empleos indirectos”, manifestó Habid Daza.
Acerca de la actividad, desarrollada en la Fundación Universitaria del Área Andina, acotó que la idea es construir un diálogo constructivo entre diferentes actores de la producción minera: gobierno nacional, autoridades locales, empresas y comunidad. Así mismo destacó que la minería bien hecha está fundada sobre varios pilares: respetuosa y responsable con el medio ambiente, que respete los estándares ambientales, técnicos y que tenga diálogo social.
“Queremos dar a conocer qué han aportado los proyectos de minería en inversión social y en regalías a los territorios, cómo esos programas de inversión social que tienen las empresas mineras van unidos a las necesidades del área de influencia, cómo un proyecto minero puede ayudar a que avancen las comunidades en materia económica, cómo un proyecto minero puede ayudarle a un alcalde para que sea el aliado de su Plan de Desarrollo Territorial”, aseveró.
Para la experta en minería, es necesario cambiar la concepción del sector minero por un diálogo constructivo, donde la comunidad sea veedora de los proyectos mineros, exigiéndole los requisitos ambientales. “La actividad minera bien hecha es regulada y requiere muchos permisos de las entidades gubernamentales. Se deben aumentar los controles de las Corporaciónes Ambientales y empezar a trabajar con la comunidad en los proyectos de gestión social con Alcaldes y empresas privadas”, concluyó Habid Daza.
Por su parte, el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, dijo que el departamento del Cesar aporta una parte significativa en la producción de carbón en la minería a gran escala en el país, que a su vez significan recursos para el Sistema General de Regalías.
“La minería del Cesar en la actualidad representa cerca del 40 % de la producción nacional de lo que se explota en minería a cielo abierto. No solo existe carbón; de los más de 300 títulos que existen cerca del 50 % son de materiales de construcción, que por lo general son pequeños títulos mineros de 150 hectáreas, donde se obtiene material de arrastre como de arena, gravilla y arcilla. Hemos trabajado de la mano con la Secretaría de Minas del departamento para avanzar en que esos pequeños titulares mineros cumplan con todos los requisitos de formalidad que se requieren para una minería bien hecha”, sustentó.
Para Cante, la actividad minera es importante en el país porque es generadora de recursos de regalías que se destinan para la inversión territorial. “Representamos el 2.1 % del PIB, pero fundamentalmente en los últimos años la actividad minero energética ha representado cerca del 35% de todos los recursos que se destinan a través del Presupuesto General para proyectos de inversión. Qué sería de este país en materia de programas de inversión social como los que lleva el Departamento de la Prosperidad Social, DPS; Familias en Acción, la iniciativa de viviendas gratis y carreteras pavimentadas que se hacen en gran parte a los recursos que genera la actividad minero energética”, indicó.
Según el funcionario, gracias a las regalías de la minería el Estado ha podido financiar la formación de 3.263 profesionales, la inversión en 748 instituciones educativas, el mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico y acceso a agua potable de 10 millones de colombianos, la construcción de 50.047 kilómetros de vías, 95 mil viviendas, 1.702 sedes recreo deportivas y 271 entidades de salud.
Además enfatizó que la minería aporta empleo de calidad en los diferentes territorios donde se ejerce, que por lo general son rurales y donde las oportunidades de empleo son escasas. Allí se genera la posibilidad de encadenamientos productivos que permitan que esas localidades tengan en un futuro, cuando no haya proyectos mineros y energéticos, unas nuevas posibilidades de desarrollo económico para su población.
Subrayó que hay muchos territorios que han empezado a trabajar en los encadenamientos productivos alrededor de la actividad minera creando un esquema de bienes y servicios que se proveen para el desarrollo de la actividad.
“Lo importante que promovemos en estos diálogos por la minería bien hecha es llegar a la sociedad civil para generar debates acerca del desarrollo de la actividad minero energética, para que la comunidad tengan los elementos suficientes para entrar a debatir sobre los impactos y beneficios de la actividad minero-energética de los territorios; de tal manera, que sentarnos diferentes actores con la comunidad académica y civil. Nos genera la posibilidad de enriquecer el debate que se da en el país y construir un nuevo paradigma del diálogo social en el territorio, acerca de lo que significa el desarrollo de la actividad minera en los municipios donde se desarrolla”, manifestó el viceministro de Minas.
A su turno, el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Botero, mostró la actividad minera desde el punto de vista ambiental. “Buscamos concientizar a la comunidad que la minería en sí no es mala si se hace de una forma adecuada, si cumple con todos los requerimientos ambientales. La minería como toda actividad del país debe ejercerse en el marco del desarrollo sostenible; que tenga un equilibrio entre lo social, lo económico y ambiental, que le servirá al país por los recursos que genera. La minería ilegal, que no tiene ningún tipo de control de la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), o de la autoridad ambiental competente, es la que tenemos que rechazar”, afirmó.
También se refirió al impacto ambiental de la minería en los departamentos del Cesar y La Guajira, manifestando que “el tema de la minería tiene unos impactos ambientales frente a los gases de efecto invernadero y calentamiento global, procesos que debemos controlar. Sin embargo, cuando se hace de una manera más adecuada, con un control por parte de las corporaciones y autoridad ambiental pertinente puede ser una minería responsable. Si tiene los permisos de vertimientos, si hay permisos específicos en las sustracciones, y cuando terminan su actividad hay una restauración y mitigación en temas ambientales, es una minería que beneficia a la nación”.
De acuerdo con el viceministro de Ambiente, en Colombia existe de un 50 % a un 60 % de minería ilegal, mencionando que en departamentos como Chocó y Antioquia existen muchas dificultades en el tema de minería de oro.
“Actualmente hay un proyecto de ley en el Congreso de la República para aumentar las penas para el que cometa minería ilegal sea penalizado fuertemente. Anteriormente solo se le aplicaban derechos ambientales, que eran excarcelables; con esta iniciativa se busca que las penas se aumenten de 10 a más años y no sean excarcelables”, subrayó.
La directora ejecutiva del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia, GDIAM, María Isabel Ulloa, impartió un mensaje que la minería requiere de un diálogo social distinto: intercultural e incluyente, donde se tenga en cuenta a las comunidades y a las autoridades locales.
“La invitación es a mejorar ese diálogo entre el estado, empresas y comunidad. El llamado es a pensar en un diálogo diferente, que parta en la confianza y en la información transparente. Buscamos acuerdos sobre cómo la minería en Colombia puede contribuir al desarrollo sostenible del país, orientado por el cuidado de su singularidad ecológica, étnica y cultural, la inclusión social, el desarrollo socio-económico y la construcción de la paz, brindando consideración a los intereses tanto de las actuales como de las futuras generaciones. Busca, por lo tanto, convenir una visión de la minería que apoye la construcción de una sociedad que promueva la creación de valor económico, social y ambiental”, puntualizó.
¿Sabía usted que…
La minería legal paga impuestos y contribuye al 2,1 por ciento del PIB del país. Solo en regalías ha aportado unos $10 billones en los últimos cinco años?
La minería formal no usa mercurio en sus procesos y realiza un cierre que busca reducir y mitigar los impactos en el área utilizada, dejar un ambiente adecuado y recuperar el paisaje intervenido.
Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN