La Fiscalía acusó al alcalde de Pueblo Bello (Cesar), Javier Landazábal Gómez, y a Leonardo Alfonso Baute Lemus, alcalde encargado del municipio, por el delito de peculado por aplicación oficial diferente, por presuntos manejos irregulares de los recursos asignados a la comunidad indígena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La investigación en Pueblo Bello está relacionada con las denuncias realizadas por las autoridades indígenas arhuacas ante la Fiscalía, el 4 de diciembre del 2014 en las que explican que los dos funcionarios suscribieron cinco contratos de prestación de servicios y uno de suministro, contraviniendo lo plasmado en los contratos de administración de servicios de los recursos del resguardo asignados a través del Sistema General de Participación para los años 2013 y 2014.
Los contratos objeto del proceso, que alcanzan un monto de 586 millones de pesos, corresponden en dos ocasiones a “apoyo y servicio a la gestión para la coordinación y la logística” de una consulta interna indígena para construir un barrio llamado Villa Érika; otro con el objeto de la “coordinación, organización y asesorías de las reuniones” de la misma consulta interna y dos más para suministrar alimentos incluyendo transporte y un contrato de transporte escolar.
Con esta decisión este sería el segundo juicio que afrontará el alcalde Javier Landazábal Gómez, teniendo en cuenta que actualmente es enjuiciado por el Juzgado Penal Especializado de Valledupar como presunto responsable del delito de homicidio.
Landazábal Gómez es acusado de ordenar la muerte de tres campesinos en el corregimiento Minas de Hiracal, en jurisdicción de Pueblo Bello, al norte de Cesar. Los hechos se presentaron en febrero de 2003 por un grupo del bloque norte de las Autodefensas, bajo el mando de alias ’38’.
De las tres víctimas, dos cuerpos aparecieron en la vía a Pueblo Bello; un tercero sobrevivió a las heridas de bala, luego de ser arrojado cerca al centro recreacional La Pedregosa de Valledupar y una cuarta víctima está desaparecida. El sobreviviente es el testigo clave en el proceso, quien en audiencia manifestó que había personas con intereses políticos que lo engañaron para señalar al alcalde como responsable del crimen.
Otro de los testimonios que implica al alcalde es el del exparamilitar John Jairo Hernández, alias ‘Daniel Centella’, quien en una versión libre de Justicia y Paz dijo que Landazábal Gómez tuvo vínculos con el Bloque Norte de las Auc.
Recobros en Dusakawi
La Fiscalía reveló que imputará cargos al abogado Winston Enrique Kahez Sánchez por la presunta apropiación de los dineros de la EPS Dusakawi, que debía cobrar en procesos ejecutivos de la entidad en los que actuaba como apoderado de la EPS.
El monto de lo presuntamente apropiado asciende a 618 millones de pesos, a través de 50 títulos judiciales cobrados durante el año 2013. Según las investigaciones, el dinero nunca fue entregado a Dusakawi.
El abogado deberá responder por el delito de abuso de confianza, cuya pena puede llegar a los nueve años de prisión.
Espaldarazo a Escuela Vallenata de Paz
Los avances en las investigaciones por posible corrupción en manejo de los recursos de las comunidades indígenas en el Cesar, se dieron a conocer durante la visita a Valledupar del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, para participar en la tercera jornada de la Escuela Vallenata de Paz.
“Esta Escuela Vallenata por la Paz creo que es un ejemplo para el país que merece todo el apoyo y respaldo institucional porque es de una gran envergadura para afrontar el posconflicto”, dijo el fiscal.
Sobre la indagación preliminar que abrió la Procuraduría al alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás, por el contrato de 1.400 millones de pesos para la realización de los talleres de la Escuela Vallenata por la Paz, Montealegre dijo que respeta pero no comparte la decisión del Ministerio Público.
Explicó que respeta las competencias del Procurador General de la Nación, “pero la posición de la Fiscalía General es que este tipo de iniciativas tienen que respaldarse y que ojalá otros alcaldes y gobernadores del país siguieran el ejemplo de los vallenatos en la búsqueda de estos espacios de diálogo”.
La investigación en Pueblo Bello está relacionada con las denuncias realizadas por las autoridades indígenas arhuacas ante la Fiscalía, en las que explican que se suscribieron contratos de prestación de servicios contraviniendo lo plasmado en los contratos de administración de servicios de los recursos del resguardo asignados a través del Sistema General de Participación.