Por Pepe Morón Reales.
Pepe.moron@elpilon.com.co
El Gobierno Nacional le solicitó al despacho de Fredys Socarrás Reales hacer una modificación a la información que presentó, así lo indicó la secretaria de Hacienda Municipal, Lili Ester Mendoza quien participó en el debate que se dio en el Concejo de Valledupar para aclarar los rumores sobre una posible caída de la llamada Ley 550 en Valledupar.
En esta discusión los concejales interrogaron a la Secretaria de Hacienda con el fin de obtener respuestas concretas que dejaran clara la realidad del pasivo del Municipio de Valledupar.
Durante los dos debates que fueron necesarios para abarcar este tema, los concejales lanzaron preguntas con el fin de conocer detalles del proceso de tramitación que el Municipio ha hecho ante la Dirección de Apoyo Fiscal DAF, y si los documentos presentados ante esta entidad son los mismos expuestos ante la Corporación.
Uno de los más duros críticos que encontró la Secretaria de Hacienda en esta discusión fue el concejal Alex Pana, al cuestionar el orden que usó la administración municipal para hacer las cosas, en su criterio ‘la tarea’ debió hacerse al contrario; depurar las cuentas primero y después acudir al Ministerio de Hacienda.
Algo que también resonó dentro del recinto donde se dio el debate, fue que el año pasado, el Concejo de Valledupar dio autorización a la administración Socarrás Reales para que se amparara en un programa de saneamiento fiscal dentro del marco de la Ley 550. En varias oportunidades los concejales argumentaron que esta decisión se tomó teniendo en cuenta que el alcalde y el secretario de Hacienda de la época, José Alejandro Fuentes, argumentaron ante los funcionarios y la opinión pública que esta era la única posibilidad viable en pro de recuperar la viabilidad fiscal del Municipio y la única opción para poder cumplir con las metas del plan de desarrollo, aprobado para el cuatrienio correspondiente al actual gobierno.
Con sabor a mentira
Después que la secretaria de Hacienda Municipal, Lily Mendoza, confirmara que la solicitud de reestructuración de pasivos para el municipio de Valledupar no había sido aceptada ante la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, por tener este ente territorial otras salidas a la crisis financiera que afronta, el Concejo cuestionó la forma en que fue presentado ante ellos la información que evidenciaba que solo a través de la Ley 550 se podían salvar las finanzas del ente.
Según los concejales, la administración municipal no ha sido eficiente en la presentación de la información, documentación y demás soportes que en cumplimiento de la Ley 550 y decreto 694 de 2000, le exige el Ministerio de Hacienda para la suscripción del convenio para el saneamiento fiscal de Valledupar.
De acuerdo con los concejales, la administración municipal no fue responsable en el manejo de la información y argumentos que sirvieron de fundamento para socializar y mostrar la citada ley como alternativa para el mejoramiento fiscal, asumiéndola como única opción para la salvación financiera de Valledupar y así cumplir con las metas establecidas en plan de desarrollo.