Esta semana, el senador Didier Lobo fue noticia por dos decisiones de la Corte Suprema de Justicia. En primer lugar, a través de sus redes sociales, la Sala de Instrucción anunció la apertura de una investigación en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
A la par, también se conoció un fallo de la Corte Suprema precluyendo una investigación por la presunta celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. La defensa del senador estuvo en cabeza del abogado Raúl Hernández.
HECHOS Y DECISIÓN
Esta investigación surgió a raíz de una solicitud de investigación hecha por el entonces contralor general, Edgardo Maya Villazón, quien reportó hallazgos fiscales en varios procesos contractuales celebrados cuando Didier Lobo era alcalde de La Jagua de Ibirico.
Entre los contratos aparecían la construcción del Centro virtual de apoyo en las instituciones educativas, contratación de transporte escolar, contratación de un plan de salud pública, entre otros.
No obstante, para la Corte Suprema, las pruebas aportadas por los denunciantes “no dieron cuenta de inobservancia alguna de los requisitos legales esenciales por la transgresión de los principios de la contratación estatal consagrados en la Ley 80 de 1993”.
Por eso, agregaron, no confirman el “desvío de recursos públicos destinados al pago de dichos contratos, constataciones que serían necesarias para predicar la existencia de las conductas aludidas, motivo por el cual la preclusión de la investigación se impone”.
El senador Didier Lobo tiene varias investigaciones en la Corte Suprema a raíz de su paso por la Alcaldía de La Jagua de Ibirico en el periodo 2012-2015. Todas las denuncias en su contra pasaron al máximo tribunal desde el 2018, cuando se posesionó como senador por primera vez.