La Alcaldía de Valledupar contestó a la jueza cuarta administrativa de Valledupar, Carmen Dalis Argote Solano, la solicitud de la medida cautelar de suspensión provisional, requerida por el demandante Arturo Alfaro Cujia, en nombre de los mototaxistas, relacionadas con el Decreto 000396, lo que significa su suspensión temporal, mientras se decide de fondo la demanda de nulidad del acto administrativo, el cual se ratificó en legalidad de la medida que restringe la movilidad de las motocicletas en el municipio.
En primer lugar, se encontró que una razón suficiente para que se denegará de plano la suspensión del acto administrativo demandado es que el demandante no dio cumplimiento al numeral segundo del inciso segundo del Artículo 231, porque no demostró ser titular de los derechos invocados, pues no aparece en los anexos de la demanda que este haya acreditado la calidad de mototaxista o motociclista.
Otro aspecto que se evidenció es que el demandante aseguró que el Decreto 000396 constituye una revocatoria directa de la licencia de tránsito o matrícula de los motociclistas y mototaxistas, lo cual es absolutamente falso porque el acto administrativo en ninguno de sus apartes hace derogatoria ni modificación a las mismas.
De igual forma, se indicó que cuando la primera autoridad de este municipio expidió el Decreto 000396 de 29 diciembre de 2014, lo hizo con fundamento en las disposiciones de orden nacional. Los decretos expedidos por el Gobierno Nacional establecen una obligación a los alcaldes de los municipios o distritos especiales para restringir este tipo ilegal de actividades.
En el artículo 1 de la Ley 383 de 2010, se dice “Dicha autoridad deberá tomar las medidas necesarias para restringir la circulación de acompañantes o parrilleros, por zonas de su jurisdicción o en horarios especiales de acuerdo con la necesidad”. A partir de lo estipulado en dicha norma, se estableció que el Decreto Municipal no tiene ni el más mínimo tinte de temeridad porque tiene como finalidad fundamental proteger el derecho a la movilidad de la mayoría de los ciudadanos, a su seguridad y su integridad personal vulnerada y amenazada gravemente por el desbordado crecimiento de la actividad ilegal del mototaxismo en el municipio, pero más concretamente en la cabecera Valledupar.
También se exaltó que existe una premisa constitucional, que es el interés general que prevalece sobre el interés particular. En ese sentido, la protección de la integridad física y vida de los ciudadanos, derechos que están por encima de los derechos a la libertad de tránsito y al trabajo que alega el demandante.
Esta medida fue el resultado de estudios y estadísticas que la hicieron necesaria y urgente por la forma descontrolada, las manifestaciones violentas, y la irreverencia frente a las normas de tránsito desconocidas por la mayoría de mototaxistas y motociclistas.
Se estudiaron las estadísticas suministradas de accidentalidad, seguridad, contaminación auditiva, entre otras. Las cifras suministradas por la clínica Erasmo, demuestran que en el periodo de vigencia de este decreto disminuyó en un 50% la tasa de accidentalidad por motocicletas, la Secretaría de Salud también demostró que se disminuyó la contaminación auditiva generada por este tipo de vehículos en 5% y 5.1% en la zona bancaria y la Galería Popular.
La administración municipal ha adoptado medidas para suplir deficiencias que se pudieran presentar con la restricción del transporte ilegal, al autorizarse mediante Resolución 000091 del 15 de enero de este año, a la empresa Transcacique, la habilitación de operaciones de 50 buses y aperturas de nuevas rutas, ampliando el servicio a 25 barrios más, alcanzando una cobertura del 80% de la demanda.
La Alcaldía no se limitó a restringir esta actividad ilegal abandonando a su suerte a los mototaxistas, sino que puso en marcha un programa de inclusión social en materia laboral para los mismos, en cuya ejecución se encuentra comprometido el Gobierno Nacional a través del Sena y el DPS, quienes aportarán formación e incentivos para el empleo, del igual manera cooperación internacional a través del PNUD que aportará recursos económicos y asistencia técnica.
Ante esta medida, también se estableció una alianza público privada por medio de la Cámara de Comercio y V-emprende, para vinculación laboral y con las universidades públicas y privadas que brindarán capacitación, programa dentro del cual se tienen proyectados 150 cupos de empleabilidad, 800 de emprendimiento con presupuesto definido y 50 de asociatividad para un total de mil cupos exclusivamente para los mototaxistas.
Redacción/EL PILÓN