En el marco de una visita de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el corregimiento de Chemesquemena, jurisdicción de Valledupar, el pueblo kankuamo dio a conocer que 401 indígenas de esa comunidad fueron víctimas de la violencia durante el conflicto armado en el país.
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Estos hechos fueron documentados mediante el informe ‘Tejiendo caminos para volver al origen’, que fue entregado a la JEP en una emotiva ceremonia en la que participaron líderes kankuamos, así como representantes de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Comisión de la Verdad.
En el informe pudieron retratar también que por lo menos el 40 % de su comunidad indígena sufrió de desplazamiento forzado, además de los atroces actos cometidos por las extintas Farc, las Autodefensas, ELN y demás grupos al margen de la ley.
“…Una de las tantas mujeres nos decía, y es doloroso, pero hay que decirlo: ‘fueron tantas puñaladas que le dieron a mi papá que cuando lo fuimos a recoger no teníamos cómo recogerlo’. Fue tanta la crueldad que en Río Seco incineraban los carros con nuestra gente allí metida; fue tanta la violencia que a nuestra población les daban tiros de gracia, los arrodillaban y los torturaban“, manifestó Óscar Montero, líder kankuamo.
Los nombres de cada una de las víctimas fueron recordados durante el acto en conmemoración a su vida y legado.
De parte de la JEP se contó con la presencia de la magistrada Belkis Izquierdo, quien reveló que en el interior de la corporación se evalúa la apertura de un caso nacional que investigue la violencia ejercida por los grupos criminales en contra de las comunidades indígenas.
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“Este informe llega en un excelente momento cuando la JEP debe hacer una segunda ronda de priorización y allí estamos pensando que es necesario un caso nacional de afectaciones a pueblos indígenas con una metodología territorial. Es necesario”, aseveró la magistrada.
ANTECEDENTE
En el mes de junio del 2019 otro informe sobre crímenes de comunidades indígenas fue entregado a la JEP en Valledupar por parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el comisionado de Derechos Humanos de la Organización Wiwa Yugumaín Bunuankurrua y Tayrona y las víctimas.
Con la diferencia de que en el documento fueron registrados más de 160 casos explícitamente de ejecuciones extrajudiciales contra el pueblo indígena.
POR: REDACCIÓN EL PILÓN.