De inconveniente calificó el representante a la Cámara por el Cesar, José Eliécer Salazar López, la derogatoria del numeral 7 del Artículo 512-5, que excluye del Impuesto al Consumo a las motocicletas de motor cilindradas hasta 200 centímetros cúbicos, que está incluida en la ponencia del Proyecto de Ley 0240 de 2018.
El representante por el Partido de la U hizo una férrea defensa de las clases menos favorecidas del país, en la reciente sesión de las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, en la que se sigue estudiando el proyecto de ley de financiamiento.
Salazar López presentó una proposición en la que solicita excluir del Impuesto Nacional al Consumo este tipo de vehículos, debido a que es el medio de transporte más popular en Colombia.
“El Partido de la U no respaldará el gravamen a las motos pequeñas; esas motos de 50, 75, 100, 125 cc, que son las motos que utiliza la gente más pobre, como vehículo de trabajo”, dijo y explicó que un estudio de la Universidad Nacional arrojó que el 81 % de las personas que compran esta clase de moto son de estrato 1 y 2: estudiantes, empleados, celadores, carpinteros, ordeñadores.
“Es por eso que le pedimos a las bancadas de este Congreso que nos respalden en la posición de no gravar las motos pequeñas, porque éstas son el sustento de muchas familias pobres del país”, aseguró.
Para el representante es injusto imponer el 8 % del Impuesto al Consumo a estas motocicletas, teniendo en cuenta que este gravamen es un tributo dirigido a bienes suntuosos, considerados de consumo restringido, por tratarse de bienes de lujo o bienes costosos, como joyas, yates, carros de alta gama y motocicletas de alto cilindraje, condición que en este caso no se presenta por ser motos de bajo cilindraje.
Según explicó, en Colombia el 93 % de este tipo de vehículos son utilizados como herramienta de trabajo, para actividades de mensajería, domicilios, entre otras, con las cuales estos motociclistas sostienen a sus familias.
Agregó que estas son las mismas personas a las cuales el Gobierno Nacional, en su primera propuesta de la ley de financiamiento, les quería devolver el IVA, por lo que considera que no hay coherencia en pretender imponerles este gravamen adicional, sin ser objeto de devolución.