La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, exhortó al Ministerio de Relaciones Exteriores a aclarar la situación jurídica del exparamilitar Salvatore Mancuso de cara a la audiencia única de verdad que comparecerá en esta jurisdicción transicional.
La corporación reprochó la omisión de la cartera para adelantar las gestiones mediante las cuales se pueda verificar las condiciones jurídicas del antiguo jefe paramilitar en Estados Unidos y los motivos por los que no han recibido una respuesta formal a las solicitudes de extradición que han realizado las autoridades judiciales del territorio nacional.
La JEP hizo el llamado en el marco de una tutela que negó al exparamilitar, quien pidió garantías procesales y sustanciales para comparecer a ‘contar la verdad’. Sin embargo, la jurisdicción de paz consideró que Mancuso ya contaba con las garantías y sus derechos.
“La Sección de Revisión exhortó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) para que, en su visita al centro de reclusión de migrantes, que será el 29 y 30 de marzo, verifique las condiciones que permitan la correcta preparación y realización de la audiencia única de verdad”, indicó la JEP.
Además, consideró que Mancuso ha sido previamente asesorado frente a las inquietudes que ha mostrado por acciones judiciales.
“La SDSJ ha atendido a través de dos providencias judiciales los memoriales a través de los cuales el accionante le ha formulado inquietudes respecto a la preparación y desarrollo de la audiencia”, puntualizó la JEP.
Mancuso se encuentra privado de la libertad en Estados Unidos pese a que habría pagado su condena por narcotráfico. Desde ahí comparecerá en la audiencia única de verdad en la que se jugará su ingreso a la JEP.
LAS CUENTAS DE MANCUSO
El exparamilitar tiene varias cuentas pendientes con la justicia colombiana, entre estos dos homicidios que se encuentran radicados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: se trata del caso de Manuel Guillermo Omera Mirabal, ocurrido en Aguachica, sur del Cesar, el 28 de enero de 1994; y el de Víctor Isaza Uribe ocurrido el 19 de noviembre de 1987, en Antioquia.
Además, ha sido imputado por masacres perpetradas en Becerril, Cesar, Segovia, Antioquia, y Funza, Cundinamarca.