Los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en contra de la población civil por
parte de la Fuerza Pública en asociación con los paramilitares y terceros serán
investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el nuevo caso 08 que abrió
este martes.
En este indagarán sobre los homicidios, masacres, desplazamiento forzado, desaparición
forzada, tortura, amenaza, violencia sexual y detención ilegal cometidas en el Cesar,
Guajira, Magdalena, los Montes de María, El Ariari, Guayabero, Guaviare, Caguán,
Florencia y Antioquia.
Las conductas se analizarán a partir de 184 informes, de los cuales 974 fueron recibidos
por la JEP. La línea de investigación corresponde a tres grandes patrones macro criminales
identificados hasta ahora como crímenes motivados por justificaciones contrainsurgentes,
crímenes motivados por el favorecimiento de intereses económicos particulares, y
crímenes motivados por el control de la función pública en los territorios.
“A través del caso 08, esta Jurisdicción investigará los hechos más graves que no están
incluidos dentro de los casos abiertos desde 2019. Es decir, todas las conductas no
amnistiables cometidas de manera directa o en asociación con grupos paramilitares o
terceros civiles y que no corresponden con ‘falsos positivos’ (caso 03), victimización de
miembros de la Unión Patriótica (caso 06), o que no están siendo investigadas en los casos
territoriales (02, 04 y 05)”, anunció Belkis Izquierdo, magistrada de la JEP.
Durante las investigaciones preliminares se tiene que hay por lo menos 15.710 víctimas de
hechos atribuidos a miembros de la Fuerza Pública, 56.502 a paramilitares y 280 a otros
agentes del Estado.
De acuerdo con el Grupo de Análisis de la Información de la JEP, los principales crímenes
atribuidos de manera directa a la fuerza pública fueron: homicidios con 8.345 casos;
desplazamiento forzado, 2.904; amenazas 1.638; tortura, 1.249 y desaparición forzada,
1.136. Entre 2000 y 2009 se concentra el 51% de los hechos.
LOS ACTORES
La Jurisdicción Especial para la Paz tratará de determinar la responsabilidad de los
miembros de la Fuerza Pública, de otros agentes del Estado y su relación con los
paramilitares.
Del total de presuntos responsables mencionados en los informes, ya 2.840 se han
sometido a la JEP, de los cuales 2.812 son integrantes de la Fuerza Pública, 5 agentes de
Estado diferentes a fuerza pública y 23 terceros civiles.