Por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones al asignar recursos en diferentes rubros del presupuesto, desatendiendo directrices y atribuciones conferidas por la Asamblea del Cesar, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública corrió pliego de cargos en contra del ex gobernador Rodrigo Canossa Guerrero, y dos ex funcionarios de la administración departamental: la ex secretaria de Planeación, Gelka Gutiérrez Barranco y el ex secretario de Hacienda, Luís Alberto Piñeres.
La investigación disciplinaria también cobija a los diputados de la época: Orlando Cruz Vega, Eduardo Esquivel López, Gonzalo González Valle, Yalile Pérez Oñate, Felipe Namén Rapalino, Hilario Áñez Martínez, Ramón Barbosa Castellanos, Jorge Luís Durán Picón, Ovelio Jiménez Machado, Jorge Luís Maya Castilla y Yobany Romero Ramírez.
Según se conoció, las razones que dieron lugar a este proceso por parte del Ministerio Público están relacionadas con decisiones que adoptó el entonces gobernador del Cesar, Rodrigo Canosa Guerrero, al proferir el decreto 307 de 2007, a través del cual se hicieron modificaciones al presupuesto de rentas, gastos e inversiones del departamento para la vigencia fiscal del 2007, extralimitándose en el ejercicio de sus funciones por cuanto desatendió las directrices y atribuciones conferidas por la Asamblea mediante Ordenanza 012 de 2007, al asignar recursos en diferentes rubros del presupuesto, sin tener en cuenta que con los recursos que estaba incorporando, provenientes de la liquidación definitiva de regalías, debía sustituir la fuente de financiación del programa de transformación estructural de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico, programa al cuál no le asignó recursos.
Igualmente, por haber presentado a consideración de la Asamblea el proyecto de Ordenanza 020 de 2007, “Por medio del cual se le concedían autorizaciones para contratar operaciones de crédito público interno, asimiladas, conexas o de manejo de deuda; otorgar garantías y contragarantías admisibles, destinadas a financiar y ejecutar proyectos del plan de inversiones públicas previstas en el plan de desarrollo departamental”, todo sin el cumplimiento de los requisitos legales, tales como planes o programas de inversiones financieras, conveniencia y utilidad de las obras.
En este caso, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública profirió pliegos de cargos en contra de los diputados, por aprobar la Ordenanza 015 de 2007, en la cual concedieron autorización a Canosa Guerrero para contratar dichas operaciones de créditos.