Ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías, la Fiscalía 11 seccional le imputó cargos al secretario General Municipal, José Juan Lechuga Zambrano y al ciudadano, Jorge Luis Fuentes Sallago, por presuntos actos de corrupción en un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE), celebrado en el año 2016 en la capital del Cesar.
En la audiencia, el ente los responsabilizó de los delitos de peculado por apropiación y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en calidad de autor y en calidad de interviniente, respectivamente.
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Los hechos están relacionados al convenio 001 de 2016 suscrito por el secretario General Municipal y la Fundación Acción Social Integral, ACSI, representada legalmente por Jorge Luis Fuentes Sallago, cuyo objeto era la implementación del PAE dirigido a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Valledupar por un valor de $ 12.312.024.571.
Según la Fiscalía, al convenio se le aplicó el 11 % del impuesto pro estampilla y no el 6.5 % del porcentaje legalmente aplicable para la fecha, con el fin de incrementar injustificadamente el valor total del contrato en la suma de $455.784.750 y con esto las rasiones de comida.
“En igual sentido el artículo 218 del mismo acuerdo municipal se excluye del pago de impuesto de estampilla pro Universidad Popular Cesar a los convenios de asociación, como es el caso que nos ocupa, es decir, que el porcentaje total que se debía cobrar era del 6 % y no del 11 %”, dijo el fiscal Héctor Ruiz.
Para la Fiscalía esto significó un detrimento patrimonial causado por el mismo ente territorial en cabeza de Lechuga Zambrano a favor de Fuentes Sallago, puesto que, por concepto de pago ese dinero no fue descontado.
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“Mediante informe de investigador de campo FPJ-11 de 17 de julio 2019… se realizó análisis financiero y contable a todas las ordenes y comprobantes de pago expedidas, encontrando que la Alcaldía de Valledupar le pagó a la Fundación Social Integral, ACSI, un total de 9 mil 53 millones 299.986 pesos, divididos en nueve pagos, revisados dichos pagos se observa que no se les descontó en su último pago el valor del 6 % (que era el porcentaje ‘legal’) que corresponde a impuestos por estampillas pro cultura, pro bienestar adulto mayor”, puntualizó la Fiscalía.
Explicó además que el convenio es realizado por contratación directa y no por contratación pública como lo establece la Ley 80 de 1983 que habla de la licitación, la cual, permite la oferta del bien o servicio.
EL INICIO
Esta investigación se desprende por un informe de la Contraloría General de la Nación de número 84111 que fue radicado a la Fiscalía el 2 de enero del año 2017. En este ponen en conocimiento aparentes irregularidades en el porcentaje a descontar sobre estampillas.
NO LE DIERON MEDIDA DE ASEGURAMIENTO
En la audiencia preliminar la Fiscalía 11 seccional citó a los implicados solamente para vincularlos formalmente al proceso penal mediante la imputación de cargos.
Es decir, que tanto José Juan Lechuga Zambrano y Jorge Luis Fuentes no les fue impuesto medida de aseguramiento y enfrentarán, por ahora, el juicio en libertad hasta que sean declarados culpables o inocentes por el juez de conocimiento.
POR MARLLELYS SALINAS M. / EL PILÓN
marllelys.salinas@elpilon.com.co