En el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de Control de Garantías la Fiscalía imputó cargos a una pareja que al parecer utilizaban a sus hijos menores de edad para pedir dinero en las calles de Valledupar.
Esther Mariana González González y Harrison José Ramírez García deberán responder por el delito de violencia intrafamiliar agravado y explotación de menores de edad.
Según la Fiscalía 17 seccional, la pareja usaba a sus siete hijos entre las edades de 2 a 15 años para que pidieran dinero en las calles hasta alcanzar unas cuotas establecidas.
“Ustedes de común acuerdo los enviaban a las calles a efectos de que durante la semana, de lunes a viernes, llevaran entre $30.000 a $20.000 cada uno, sobre todo los mayores a quienes les hacían acompañar de los hijos menores”, contó el representante del ente acusador.
Agregó que los fines de semana la pareja exigía más dinero colocando la cuota entre $40.000 a $50.000 y si no cumplían los amenazaban con dormir de pie.
“Si no les llevaban el aporte económico no solo les asestaban golpes, sino que los obligaban a permanecer o dormir de pie como castigo por no cumplir ‘con la obligación’ de conseguir el dinero en la calle”, puntualizó el fiscal.
Los hechos habrían quedado al descubierto en el año 2019 cuando los menores de edad contaron lo que estaba pasando con sus padres en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
La defensora de familia puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que procediera a dar paso a la investigación que dio origen a la captura de la pareja.
Las autoridades concluyeron que los niños y adolescentes no llevaban un adecuado desarrollo por la violencia física y psicológica a la que habrían sido sometidos.
Esther Mariana González y Harrison José Ramírez llegaron a Valledupar tras emigrar de Venezuela con sus hijos.
La Fiscalía 17 seccional pidió que fueran enviados a prisión mientras avanza el proceso. Contrario, la abogada defensora Luz Mirian Morales pidió que la medida fuera domiciliaria.
“Ellos actualmente no conviven y los señores no tienen antecedentes penales… Mis defendidos al día de hoy muestran arrepentimiento ante Dios y la sociedad por las actuaciones por las que vienen siendo investigados por el fiscal”, dijo Morales.
No obstante, la juez decidió cobijarlos con una medida de aseguramiento carcelaria.