Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía realizó la imputación de cargos en contra de la exsecretaria de Salud de La Jagua de Ibirico, Cenith Mireya Echavez Ospino, por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución en un contrato de alimentación para la población vulnerable de ese municipio minero del departamento del Cesar.
Lee también: Procuraduría sancionó al senador Didier Lobo por irregularidades en la contratación
Junto a ella también fueron imputados la interventora, Elena Amparo del Rocío Gómez Moreno, y la representante legal de la empresa contratista, Alenys Castilla Córdoba, quienes deberán responder por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Los hechos investigados sucedieron en el año 2012 cuando analizaron el contrato destinado a la suplementación y complementación alimentaria nutricional para la recuperación de niños y niñas desnutridas o en riesgo de desnutrición, así como de madres lactantes y gestantes de La Jagua de Ibirico.
Según el ente, tras la liquidación de este notaron que supuestamente no cumplió con los requisitos exigidos en las leyes y el presupuesto económico presentaba algunas inconsistencias.
“El documento señaló que el contrato fue celebrado por 15.295 millones de pesos, de los cuales, aparentemente, se ejecutaron 15.080 millones de pesos. Los peritos establecieron que, en realidad, el plan de suplementación y complementación alimentaria nutricional tuvo un costo de 10.827 millones de pesos. Estas diferencias evidenciaron que el contratista, al parecer, se apropió ilícitamente 4.793 millones de pesos”, acotó la Fiscalía.
No dejes de leer: Casa por cárcel a hombre que habría vendido carne de burro al PAE en Santander
ANTECEDENTE
Por estos mismos hechos, el pasado mes de marzo la Procuraduría General de la Nación sancionó a Cenith Mireya Echavez Ospino con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años.
El ente de control consideró que la exfuncionaria incurrió en una desatención elemental de sus funciones y permitió que se realizaran de forma irregular los estudios previos de la Licitación Pública 004 de 2012 y la posterior celebración del Contrato No. 340.
Asimismo, sancionó con suspensión de seis meses para ejercer cargos públicos al senador Didier Lobo Chinchilla, quien fue alcalde de La Jagua de Ibirico entre el periodo 2012 -2015.