Ante un juez de control de garantías fue presentado el exalcalde de Manaure, La Guajira, Davis Díaz Rivera, por presuntamente orquestar un detrimento patrimonial de $2.839 millones en un contrato que buscaba frenar la mortalidad infantil en el municipio.
El contrato lo suscribió con la IPS Sol Wayuu para beneficiar en atención a 2.000 familias de la etnia, sin embargo, el objetivo no se cumplió porque presuntamente se registraron irregularidades en la planeación y ejecución.
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Para la Fiscalía, desde el inicio se habría violado el principio de transparencia y selección objetiva en aspectos básicos como la elección del contratista. “La IPS Sol Wayuu no contaba con la capacidad para ejecutar el contrato ni tenía la autorización de la Secretaría de Salud para realizar actividades en zonas rurales de pediatría, nutrición y servicios farmacéuticos”, manifestó Eduar Alirio Calderón, director contra corrupción de la Fiscalía.
Además, por no tener la capacidad de cumplimiento, el contratista tuvo que utilizar los servicios de terceras empresas para realizar el 65 % de las actividades, como la compra de mercados, agua, la logística de transporte y la elaboración de folletos.
Aparentemente, todo estaba dirigido para que entre el mes de julio y diciembre de 2015, Díaz Rivera saliera beneficiado con al menos $1.980 millones. En consecuencia, al exmandatario le imputaron cargos por los delitos de peculado por apropiación en provecho propio y en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.
Junto a él fue procesada la exsecretaria de Salud Angélica Manotas Moscote, a quien responsabilizan de los mismos delitos, además de falsedad ideológica en documento público. Según la investigación, ella recibió $230 millones en dádivas.
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“Los procesados, al parecer, contrataron médicos especialistas, pero estos profesionales nunca visitaron las rancherías. Se evidenció que dejaron de comprar 209.000 litros de agua potable y 6.000 latas de suplementos alimenticios, ni se hizo entrega de medicamentos y el sobrecosto de insumos habría alcanzado el 600 %”, puntualizó Alirio Calderón.
Asimismo, contrataron a personas que se dedicaban a la enfermería y conducción para que fueran traductores de la lengua wayuunaiki.