La exalcaldesa de Chiriguaná, Zunilda Toloza, junto con ocho implicados en una asonada en esa localidad, que dejó daños materiales en medio de un certamen democrático el 11 de octubre en el año 2011, quieren ser juzgados por la Jurisdicción Especial para La Paz y no por la justicia ordinaria, en el proceso penal en su contra que se adelanta en el Palacio de Justicia de Valledupar.
Así quedó develado en el Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de Conocimiento en la mañana de ayer, al indicar el juez que aunque no se podría llevar a cabo la audiencia preparatoria que estaba pactada, por la ausencia de varios abogados, daría a conocer la respuesta a la solicitud presentada por estos para que ese despacho ya no llevara su caso.
Según indicó el togado, el pasado 17 de octubre recibió una comunicación de la exmandataria Zunilda, en la que solicitó el envío de su proceso a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para que sea conocido. Petición que sea repetido por el resto de los procesados hasta la actual fecha.
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En la vista pública el juez dio lectura a uno de los párrafos de los escritos llegados a sus despachos que son similares en su contenido: “A usted con todo respeto que se merece solicito enviar mi expediente con todos sus anexos a la Sala de Amnistía e indulto, o ante la Sala de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el objeto que se le dé aplicación al mecanismo de cesación de investigación en mi contra por los hechos ocurridos en Chiriguaná el 31 octubre 2011, por una protesta social”, leyó el juez, quien además, ante la petición consideró que los procesos estudiados en su despacho no cumplían con los requisitos para que fueran trasladados a dicha jurisdicción conformada para el posconflicto.
Así las cosas, los implicados como la exalcaldesa, Zunilda Toloza, César Rollero Linares, Gustavo Vides Beleño, Simón Toloza Pérez, Carlos Rodríguez Nieto, Jair Toloza Guardia, José Rocha Flores, Joaquín Rollero Linares y Carlos Torregrosa Romero, tendrán que continuar con el pleito en su contra en este despacho por los delitos de perturbación de certamen democrático y daño en bien ajeno.