La trashumancia es la cuota inicial de la corrupción política, dijo en Valledupar el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Felipe García, en el Foro sobre Organización y control de las elecciones 2015, en la cual el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado se comprometió con enviar al Cesar tres procuradores para vigilar las elecciones del 25 de octubre.
Según García, lo que se ha visto en esta oportunidad en relación con elecciones anteriores es un incremento desmedido en el número de inscripciones en municipios distintos.
“Recibimos más de dos mil quejas en 726 municipios del país, equivalente al 65% de los municipios del país. Con el Estado decidimos cometer una lucha frontal contra la trashumancia porque estamos convencidos que la trashumancia es la cuota inicial de la corrupción política”, afirmó.
En ese sentido, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 1294 que permitió tener acceso a la base de datos públicos para que con el cruce de datos se pudiera determinar en un tiempo record una resolución de trashumancia para 1.100 municipios antes de cerrar el censo electoral el pasado 25 de septiembre.
García dijo que los trashumantes quedan castigados en el sentido de que la persona tendrá que votar en el lugar que lo hizo la última vez y como segunda medida se le comunica a la Fiscalía para lo de su competencia.
“Hay que entender que cuando el ciudadano hace una inscripción de cédula en un municipio está manifestando bajo la gravedad de juramente que reside en ese municipio, que tiene un vínculo material con él, por lo tanto si ese ciudadano no lo puede probar puede ser objeto de proceso penal de investigación por parte de la Fiscalía”, afirmó el Vicepresidente del CNE.
También dijo que vienen otras medidas porque hay un histórico de trashumancia que deben investigar de inscripciones efectuadas años atrás, para el cual necesitan que las entidades del Estado les suministren la base de datos, adecuen el histórico. Además hay una iniciativa que hará curso en el Congreso de la República para realizar un censo cero a partir del año entrante.
Aseguró García que nunca en la historia del país se había producido una anulación de inscripción superior a un millón de cedulas de ciudadanía, como ocurrió este año, “estamos hablando de 1.605.109 inscripciones en todo el país”.
Dijo que en el caso del Cesar fue excluido un porcentaje del 50% de la inscripción de cedulas en todo el departamento, debido a que sacaron del censo un total de 49.616 inscripciones.
Feria del desahorro
La trashumancia no fue el único tema tratado durante el foro, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, aseguró que algunos alcaldes en el país vienen feriando los recursos de los desahorros para utilizarlos en política.
“A principio de este año el Ministerio de Hacienda entregó los desahorros a casi la totalidad de municipios por valor entre dos mil y tres mil millones y muchos alcaldes de muchos municipios están utilizando esos dineros con propósitos electorales”, afirmó Ordóñez Maldonado.
También dijo que en el informe presentado por ese Ministerio Público, había 732 de candidatos a alcaldías, gobernaciones, concejo y asambleas que tenían inhabilidades, información que le entregaron al CNE.
Habló Ordóñez de las denuncias de la Dirección Nacional de Planeación, DNP, que daban cuenta que para la misma época o día en que inscribían una cédula, también aparecía la inscripción en el Sisben, “para tratar de diluir la prueba de la trashumancia, incluso aparecen en las primeras informaciones familias que pasan de 10 persona a 100 integrantes, son las primera informaciones que tenemos”.
Denuncia de Arturo
En el marco del Foro, el candidato del partido Liberal, Arturo Calderón presentó pruebas sobre un supuesto fraude electoral que realizará una campaña el próximo 25 de octubre.
El candidato dijo que con unas cédulas falsas de personas que se abstienen de votar pretenden hacer el fraude y entregó un video sobre constreñimiento a los empleados y un discurso sobre la presunta participación en política de la primera Dama.
“Lo que queremos es que los pueblos se autodeterminen y no que quieran atornillarse en el poder a costa de lo que sea con los miles de millones”, dijo Calderón.
Ante esto, el procurador Ordóñez se comprometió a enviar desde Bogotá a tres procuradores para vigilar las elecciones del 25 de octubre, mientras que el registrador nacional Ariel Sánchez dijo que es factible que haya biometría.
Proceso de paz
El procurador Alejandro Ordóñez también se refirió al proceso de paz en La Habana, de lo cual afirmó que el acuerdo que existía desde el 23 de septiembre no se ha concretado en aspectos tan sensibles como la integración del tribunal y la amnistía para el secuestro.
“La Procuraduría lo ha dicho, que no se cumple en mucho de lo que se conocen con los mínimos internacionales que eso no está blindando la justicia transicional, lo que los colombianos queremos es que haya seguridad jurídica, que se firme el proceso, quedaría bien hecho si se cumple con los estándares internacionales y lo dice De la Calle que muchos de los criterios que manifiesta la Farc no cumplen los mínimos internacionales, la enseñanza que nos deja esto, no se puede afectar la credibilidad del proceso haciendo anuncios sobre acuerdos que no existen, no sé cuáles fueron las razones si fueron políticas, cuáles fueron las razones para dar a conocer algo que no se había finiquitado y que hoy el mismo gobierno señala que no se ha finiquitado”, aseguró.
Sandra Santiago B.
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