– Dale de comer a tu abuela.
Agarra el plato que le entrego y mi hija se sienta en la silla para darle la comida a mi mamá. Recluida en la mecedora, mi madre, con la mirada perdida hacia el horizonte, está absorta mientras tratan de meterle la cucharada con arroz en la boca. Me dirijo a la cocina, pero el sonido de la corneta de una bicicleta me asusta y me detengo a medio camino. Volteo a ver a mi mamá y ya las lágrimas están corriendo por sus mejillas. ¿Qué haremos el día del desalojo? ¿a dónde iremos con mi mamá? Se la llevó hace ocho años una isquemia que la dejó inmovilizada en estas paredes que son lo único que ella y yo tenemos sobre una tierra que ya tenía dueño.
Lo que usted acaba de leer son algunos de los pensamientos que afligen a un alto porcentaje de familias de la invasión Bello Horizonte 2 que tienen a su cargo personas en condición de discapacidad.
Estas familias viven con temor ante el cumplimiento de la orden de desalojo del predio Sabana 1, terreno privado y que pertenece a la familia Pimienta. Así lo dio a conocer Sixa Hoyos, madre de familia que lleva viviendo en Bello Horizonte 2 hace 12 años con su esposo, hijas y su madre que quedó en condición de cama producto de una isquemia.
Sixa Hoyos, habitante de la invasión Bello Horizonte 2 y su madre en condición de discapacidad. Foto: Jesús Ochoa
“Hemos sentido temor por la orden de desalojo. Nos da miedo que nos saquen de aquí porque han sido 12 años edificando esta casa, nuestra vida, nuestros sueños y la condición de mi mamá también es muy delicada. No se puede mover y cualquier ruido la altera”, manifestó con voz entrecortada.
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Sosteniendo el plato de comida de su madre, Hoyos aseguró al diario EL PILÓN que su mamá llora al escuchar un ruido fuerte, ver a las personas moviéndose rápido o al presenciar alguna una situación fuera de la rutina cotidiana. “Siempre tenemos que tranquilizarla porque ella llora hasta cuando escucha un grito. Eso la altera y es producto de su enfermedad”, dijo con tristeza Hoyos mientras acariciaba la mano de su mamá.
Los números
De acuerdo con un censo de la Oficina del Sisbén Valledupar, hay 2.413 hombres registrados en esta plataforma, 2.573 mujeres y 1.561 casas registradas, para un total de 4.986 personas que viven en condiciones precarias y careciendo de ayudas psicosociales, educativas, prestación de los servicios básicos domiciliarios y en un “ambiente hostil” producto de la falta de inversiones por parte de los entes gubernamentales.
Esta premisa la sostiene el abogado, Héctor Barrera, de la ciudad de Barranquilla, quien |manifestó que la proliferación de asentamientos humanos es debido a la poca inversión en el sector habitacional que tienen los municipios del Caribe colombiano. Acotando así que, las personas ante la falta de planes de vivienda más accesibles se ven en la necesidad “de invadir terrenos baldíos, conformar familias y apropiarse del terreno con la antigüedad de la posesión”.
Las calles de este asentamiento humano están cubiertas en su mayoría de aguas residuales, piedras y moho. Foto Jesús Ochoa.
“Es de destacar que por el revuelo que han hecho los medios en relación al desalojo de estas más de 30.000 personas, es que la administración hizo un censo para esclarecer el número real de las personas que viven en las 4 invasiones, y hablar de que es imposible el desalojo, pero no lo era en el 2008 cuando invadieron o en el 2010, es ahora imposible 16 años después de no haber tomado las vías de hecho y estructurar un plan de vivienda para esas familias”, explicó Barrera.
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En ese sentido, puntualizó que la Sentencia T-946 de 2011 emitida por la Corte Constitucional, la están tratando de “desdibujar” bajo la premisa de que es una “sentencia inhumana” cuando en realidad es producto de la “negligencia de las administraciones pasadas para reubicar en viviendas dignas a una población desplazada y víctima de la violencia”.
Horizonte oscuro
Entre las calles de tierra y piedra, se encuentran niños jugando el popular juego ‘el escondido’ y adultos mayores charlando sobre temas de política, economía y hasta farándula. Bello Horizonte 2 en ciertos aspectos no es tan diferente de algunos barrios de la ciudad, sin embargo, hay “líneas que dividen” calles y hasta familias que luchan por no dejarse llevar por actos que “destruyen la integridad humana”.
“Aquí hay muchas familias trabajadoras que luchan por sacar a sus hijos adelante, un pan para comer y cama para dormir porque aquí hay casas que tienen hasta tres familias, pero también es cierto que hay gente dañada por el mismo abandono de la sociedad. Yo pido la legalización, pero también una intervención urgente para esta comunidad”, dijo Gabriela Cotes, habitante de Bello Horizonte 2.
En Bello Horizonte 2 residen 4.986 personas en condiciones precarias. Foto Jesús Ochoa.
Con su hija de ocho años sentada en las piernas, señaló con recato algunas personas a la distancia “de no muy buenas intenciones” que afectan la convivencia y ponen en peligro la seguridad de los niños que habitan en este asentamiento humano.
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Acotando así que la falta de presencia de la Alcaldía con ofertas institucionales y la Policía para el tema de la seguridad, ha provocado que personas ajenas a la invasión transiten por la zona y hagan negocios en ella. “Aquí viene la gente de otros lugares a vender droga y a ponerse cita con sicarios para salir de aquí a hacer maldades, y tener la fachada de que salieron de una invasión, cuando son del norte”.
El ocaso de la juventud
Los adultos mayores han sido la población que más se ha manifestado en señal de rechazo al desalojo. Fueron hasta la Gobernación del Cesar el pasado 12 de agosto para pedirle a la gobernadora, Elvia Milena Sanjuán y al alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, que “se arriesguen y metan la mano por la legalización”.
Julio Cortina, abuelo de 74 años, en zapatos que parecen “pantuflas” como él los llama al estar cubiertos de tela y lana, recorre las calles de Bello Horizonte 2 esquivando las aguas residuales de color verde, las cuales en dos ocasiones provocaron que se resbalara y se ensuciara la ropa de heces humanas.
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“La primera vez que me caí me di en la rodilla y me ensucié el pantalón de popó. Por aquí como no hay alcantarillado uno puede ver hasta los desechos del otro y no es culpa de uno, es que no tenemos el servicio por ser una invasión, pero somos humanos y creo que nadie debería vivir como lo hacemos nosotros. Qué más quisiera yo que ser joven y salir corriendo de aquí, pero a esta edad uno está sinceramente es a la espera de la muerte”, dijo Cortina.
Los habitantes de Bello Horizonte 2 le piden al Gobierno Nacional que los apoye en el proceso de legalización del predio. Foto : Jesús Ochoa.
Así mismo, María Eloísa Gutiérrez, de 60 años, comentó que invadió hace 10 años cuando “vestía unos sensuales 50” porque su hija la abandonó su esposo con dos pequeños de cinco y ocho años. “Yo invadí porque vivía en una pieza de un cuarto y mi hija quedó en la calle cuando la dejó el marido. Una madre hace lo que sea por sus hijos y por eso me metí en esa tierra y aquí moriré porque no tenemos a donde ir”, argumentó Eloísa con voz de resignación.
Una salida a la sentencia
En el 2011 la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-946 que ordena el desalojo del predio Sabana 1 en donde convergen las invasiones Bello Horizonte 2, Altos de Pimienta, Los Guasimales y Brisas de La Popa, sin embargo, 13 años después, el predio sigue ocupado y de acuerdo al censo del Sisbén hay 31.508 personas en los cuatro asentamientos.
En vista de ello la gobernadora del Cesar y el alcalde Valledupar han realizado reuniones con equipos jurídicos, técnicos, entidades defensoras de los derechos humanos y los abogados de la familia Pimienta en la búsqueda de una solución que permita la legalización del predio.
La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, con un grupo de representantes de las 4 invasiones que piden intermediación del gobierno departamental. Foto: Jesús Ochoa.
Recientemente, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, se reunió con los congresistas del Cesar en el palacio municipal para exponer la situación y posibles soluciones a la problemática de los asentamientos ilegales en la ciudad.
Entre las conclusiones la bancada del Cesar propuso organizar una visita a Valledupar por parte de funcionarios del orden nacional y solicitar una reunión con la nueva defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
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Así mismo, adelantar una gestión ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sin descartar una reunión con el presidente Gustavo Petro para que el desalojo fijado para el próximo 30 octubre no sea una realidad.
Por Namieh Baute Barrios