Hoy termina el periodo de Edgardo Maya Villazón como contralor general de la República, por lo que ayer la entidad, gerencia Cesar, presentó su rendición de cuentas, dejando ver que durante los últimos cuatro años, en el departamento del Cesar, se profirieron 16 fallos con responsabilidad fiscal por valor total de $4.977 millones.
La entidad resaltó cinco casos emblemáticos, entre ellos el relacionado con el contrato suscrito por la Gobernación del Cesar, para la terminación de la pavimentación de las vías terciarias en zonas corregimentales de los municipios de Chiriguaná y San Martín, de los cuales se entregó un anticipo. Recursos que no fueron invertidos en obra y que arrojaron como resultado un fallo con responsabilidad fiscal por valor de $1.467.612.066, cuyo hecho se encuentra relacionado con la apropiación ilegal de recursos públicos del Sistema General de Participación, a través de transferencias electrónicas a la cuenta de un particular, por la suma de $1.036.3744.953, y que actualmente se encuentran en cobro coactivo.
El ente de control adelantó 218 procesos con responsabilidad fiscal en este cuatrienio pero sólo 16 tuvieron fallos.
De igual manera destacan como un logro conseguido por la gerencia en el Cesar el recaudo por concepto de los procesos de jurisdicción coactiva y procesos de responsabilidad fiscal tramitados en el cuatrienio: $1.035.518.961.
El gerente de la entidad en el departamento, Juan Jaime Celedón, dijo que los procesos están avanzando en el ritmo que legalmente se permite: “Los abogados e implicados están ejerciendo su labor. Algunos procesos terminan con archivo y otros con fallos con responsabilidad. Aquí se trabajo con la rectitud de llevar el tema con el debido proceso; no se falla sino se llega a la certeza del detrimento patrimonial”, expresó.
Desdén administrativo en el Consejo Seccional de la Judicatura
Como desarrollo de la denuncia de un veedor ciudadano, la Contraloría General de la República evaluó la gestión fiscal del Consejo Seccional de la Judicatura de Valledupar, encontrando deficiencias en la ejecución de los recursos apropiados en su presupuesto.
Dice el ente de control que esta situación representa un uso antieconómico de los recursos públicos que pese a estar disponibles no son ejecutados en su totalidad.
Durante el periodo comprendido entre 2014 y 2017, la Seccional contó con apropiaciones presupuestales por $220.730 millones. De estos, $216.842 millones fueron apropiados para gastos de funcionamiento, mientras que $3.888 millones se dirigieron a los diversos proyectos de inversión gestionados por el Consejo Superior de la Judicatura.
“Se observa que en la ejecución presupuestal para el rubro de inversión no ha existido un eficiente empleo de los recursos apropiados por el Consejo Superior de la Judicatura Seccional Cesar, pues existe una ejecución de sólo el 21.6 % del total de $3.888 millones que fueran apropiados en dicho periodo”, reveló la Contraloría.
El organismo de control dijo que gracias a la denuncia de la ciudadanía se encontró un “serio” desorden administrativo de la Seccional en inventarios y carpetas de expedientes, contratos de arrendamientos sin garantías, contratos sin liquidar, lo que condujo a que estas situaciones fueron puestas en conocimiento de la autoridad disciplinaria correspondiente.