Sorprendido se mostró el presidente del Fondo Ganadero del Cesar S.A., Hernán Araújo Castro, tras la investigación que iniciará la Fiscalía contra esa organización por supuestos vínculos con grupos armados ilegales en el país.
A esta indagación se suma la multinacional minera Drummond Company, a la que el ente acusador señaló junto a otras 48 empresas más en el país, que presuntamente estarían involucradas en colaboración con grupos ilegales durante el conflicto armado y que serían investigadas como terceros en la Jurisdicción Especial para la Paz.
“Los sorprendido hemos sido nosotros, porque el Fondo Ganadero nunca ha estado vinculado a ningún grupo al margen de la ley, no tiene ningún proceso pendiente con la justicia, estamos en estos momentos tratando de saber qué es lo que es y a que se debe este sometimiento de escarnio público por parte de dos emisoras”, manifestó Hernán Araújo Castro.
El presidente del Fondo Ganadero del Cesar indicó que la Fiscalía no ha tenido contacto con la entidad y dijo además que “cuando uno no debe nada, no tiene por qué temerle a nada, nosotros no tenemos nada pendiente con nadie. En ningún momento se ha comunicado con nosotros, no tenemos conocimiento de nada”.
El ministro de Justicia, Jorge Fernando Londoño, explicó de qué manera serán juzgados los empresarios que en algunos casos colaboraron con grupos armados ilegales en el marco del conflicto armado colombiano, según Londoño para juzgar estas empresas se tendrán en cuenta las actuaciones individuales de las personas que se vieron involucradas en la comisión de delitos, ya que así lo establece la jurisdicción especial para la paz.
“Cuando algunos civiles se han visto involucrados a nivel individual en distintos grados en la comisión de delitos, en el contexto y por razón del conflicto armado y cuando eso haya sido resultado de la coacción con algunas organizaciones armadas ilegales podrán ser juzgados por la jurisdicción especial para la paz”.
Londoño resaltó que estas personas deberán acudir al tribunal especial para la paz y que su colaboración con los grupos ilegales se dio de manera individual y podrán recibir beneficios jurídicos como la suspensión de las penas.
Según un informe de los tribunales Justicia y Paz, en el que se revisaron las sentencias y compulsas de copias hechas por magistrados, estas son las empresas mencionadas:
Postobón, Chiquita Brands, Ecopetrol, Drummond Company, Coca Cola, Argos, Ingenio San Carlos, Indupalma, Leonisa, Coltejer, Cadenalco, Probán, Bagatela S.A., Agrícola Río Verde, Unibán S.A., Sunisa S.A., Tropical S.A., Conserva S.A., Banafrut, Banacol, Termotajen, Envigado Fútbol Club, Termotasajero, Cootranscúcuta Ltda, Norgas, Carbones la Mirla, Arrocera Gálvez, Ferretería el Palustre, Inducarga, Colminas, Cartagas, Intergas, Maderas del Darién, Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariños (SAGAN), Dirección Marítima y Portuaria de Tumaco, El Castillo de la Ropa (Ipiales), Lácteos Andinos de Nariño, Cementos Diamante, Gas de Urabá, Fondo Ganadero del Tolima, Fondo Ganadero del Cesar, Fondo Ganadero de Córdoba, Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A., Cenabastos de Cúcuta, Aguas Mansas y Vigilar Asociados, Suganar S.A., Miro Seguridad (Medellín), Servicentro ESSO Las Vegas, Estación de Servicio San Rafael, Pinturas El Cóndor, Transportes Botero Soto, Ladrilleros Asociados S.A., Transportes Gómez Hernández, Transportes Sierra, Tejar de Pescadero, Inversiones Minagro Ltda, Porcícola Santa Clara.
Redacción EL PILÓN