En el marco de la continuación de las audiencias preliminares, celebradas durante este jueves, el fiscal 12 seccional, Gentil de León Mármol, solicitó que fueran enviados a prisión los siete detenidos por presuntamente ocasionar un detrimento patrimonial mediante actos de corrupción en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar.
El representante del ente acusador basó su petición en diversos elementos materiales probatorios como unas conversaciones telefónicas registradas y algunas entrevistas, entre otros.
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De León consideró que esa medida era necesaria para evitar que los servidores públicos retomaran sus cargos, obstruyeran el proceso o continuaran con las mismas conductas ‘irregularidades’. Es decir, que continuaran sin registrar o dejando vencer comparendos a cambio de dineros.
De ser acogida la petición por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de Control de Garantías los afectados serán la inspectora Julieta Margarita Hinojosa Daza, la secretaria ejecutiva Letzzy Carolina González Oñate, la contratista Margarita Rosa Cartagena Guerra, la secretaria Amparo de Jesús Estrada Arias, y el auxiliar administrativo Odacyr Alberto Montenegro González, así como también los tramitadores Tatiana Isabel Cuello Castilla y William José Redondo Mindiola.
No obstante, la bancada de la defensa representada por los abogados Marlon Daza, Leonardo Daza, Luis Alfonso Freite Mendoza y Fredys Alfonso Gutiérrez Nieves, entre otros, solicitaron que de ver necesario que los procesados estuvieran privados de la libertad se les permitiera que fuera en su lugar de residencia.
“La solicitud del ente fiscal se muestra excesiva y viola las garantías fundamentales porque la defensa hizo traslado de elementos. Resulta que la Fiscalía hizo la enunciación de una denuncia que tuvo como origen una fuente no formal, además no se trasladó las carpetas de las interceptaciones telefónicas ni las actas posteriores sobre el control de las mismas”, manifestó el jurista Marlon Daza.
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Otros abogados como Luis Freite, por su parte aseguró que su prohijada Letzzy Carolina González tenía hijos menores de edad que dependían de ella, un argumento que fue acogido por la mayoría de los otros defensores.
No obstante, hasta el cierre de esta edición no terminaba la defensa su intervención para que posteriormente la juez se pronunciara al respecto.