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Fiscalía imputó cargos a exalcalde de La Paz Cesar

El exalcalde de La Paz, Gerardo Alfonso Gutiérrez Arzuaga, en la audiencia de ayer, realizada en el cuarto piso del Palacio de Justicia de Valledupar.

La Fiscalía 12 seccional de Valledupar, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, imputó cargos, por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, al exalcalde del municipio de La Paz, Cesar, Gerardo Alfonso Gutiérrez Arzuaga. 

Ayer, en audiencia ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante Bacrim, el fiscal William García, argumentó que Gutiérrez Arzuaga en su calidad de alcalde, otorgó de forma irregular el contrato de concesión de alumbrado público a la firma AGM Desarrollo Limitada. 

El contrato por valor de 773.737.435 pesos, con una duración de la concesión de 20 años, fue firmado el 5 de marzo de 2010, entre Gerardo Gutiérrez y Gabriel Elías Hilsaca Acosta, representante legal de AGM Desarrollo Limitada.

“Como alcalde debía declarar la licitación desierta, porque el proponente inicial fue Construcciones Hilsaca Limitada, y esa fue la propuesta que el comité evaluó, sin embargo fue AGM Desarrollos Limitada, a quien no solamente se le adjudicó la licitación, sino que suscribió el contrato”; así, explicó el representante del ente acusador, fue la presunta irregularidad en que incurrió el exmandatario. 

Sin embargo, Gutiérrez Arzuaga, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y con su abogado Hernando Osorio, tratará de demostrar su inocencia. 

“Obviamente, el hecho de que no nos allanemos a los cargos,  obedece a que tenemos la plena seguridad de que, dentro de un proceso, quedará probado que no existe la responsabilidad que se le está endilgando”, afirmó el jurista. 

En las próximas semanas la Fiscalía deberá presentar la formulación de acusación contra el alcalde de La Paz, en el periodo 2008-2011. 

El castigo

El delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales es castigado con penas que van de 64 hasta 216 meses de prisión, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses.

 

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