La fecha desde la que entraría en vigencia la reparación y los recursos con los que se garantizaría el proceso, siguen siendo los temas esenciales de discusión entre los ponentes de la Ley de Víctimas que está a consideración de la Comisión Primera en su penúltimo debate.
Cinco de los seis ponentes de esta iniciativa insisten en que la fecha de retroactividad de la norma debe incluir las víctimas de la cruenta década de los 80.
Sin embargo, el senador Roy Barreras (Partido de la U) se mantiene en la posición de que se revise la viabilidad fiscal de la ley, al decir que “lo importante no debe ser la fecha, sino determinar si hay suficientes recursos para cubrir las reparaciones”.
El coordinador de ponentes, Juan Fernando Cristo (Partido Liberal), manifestó que no se puede excluir de tajo y arbitrariamente a las víctimas de los años 80, porque en este período se generaron todas las formas de victimización.
“Este período es el de mayor implosión de la violencia, y desconocerlo es negar el crecimiento geométrico de las acciones violentas de las Farc, del paramilitarismo, el asesinato de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Jaime Pardo Leal”, aseguró.
Otro de los escollos que no logra consenso entre los ponentes es definir cuál será la institución encargada de reparar a las víctimas, si la Vicepresidencia de la República o un establecimiento público nuevo y autónomo.