A Valledupar se desplazaron los familiares de los ocho capturados por las autoridades la semana anterior en zona rural del municipio de Becerril, Cesar, al ser señalados como presuntos colaboradores de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln.
Con pancartas y arengas contra el gobierno nacional, las familias de los presuntos guerrilleros llegaron ta las oficinas de la Organización de los Estados Americanos – OEA, seccional Cesar, con sede en Valledupar, para solicitar ayuda del organismo internacional y dejen en libertad a las personas que, según ellos, por muchos años se han dedicado a las labores del campo en zona rural de Becerril.
“Venimos a denunciar que están capturando a campesinos miembros de nuestra comunidad para hacerlos pasar por guerrilleros, cuando son personas padres de familia que tienen años de estar cultivando la tierra y son vecinos nuestros, somos fieles testigos de que son campesinos y que no tienen ningún delito. Estamos esperando el plan retorno y ha llegado es el desplazamiento nuevamente y lo peor es que es de parte del Estado, porque es el Ejército que nos está atropellando y violando nuestros derechos” manifestó el presidente de la junta de Acción Comunal de la vereda El Progreso, Raúl López Reyes.
Sin embargo, el pasado de fin de semana los ocho capturados fueron presentados en rueda de prensa luego de un operativo conjunto de la Policía con tropas de la Décima Brigada Blindada, el Comando de Combate número 3 de la Fuerza Aérea de Colombia y la Fiscalía 47 Especializada contra el terrorismo.
Se trata de Jorge Mieles Velázquez, William Paredes Aguilar, Wilson Aguilar, Erasmo Galvis, Luis Sánchez, Cristo Calderón, Cristo Castilla y Huber Duran Riobo, a quienes la Fiscalía les imputó cargos porque supuestamente hacían parte de la red de apoyo al terrorismo del frente José Manuel Martínez Quiroz del Eln, que delinque en los municipios de Becerril, La Paz y La Jagua de Ibirico.
Luego de todo el proceso de judicialización, los familiares de los capturados conocieron que serían trasladados a un centro carcelario en Bogotá y les preocupa que no tienen como irlos a visitar por ser campesinos de bajos recursos.
“No podemos tener ningún reparo en cuanto a las legalizaciones de capturas, si fueron ilegales o no porque de eso se encargan las autoridades competentes, tenemos entendido que esas capturas ya fueron legalizadas por un juez de control de garantías pero aquí se recepcionó la queja en la regional Cesar presentada por la gobernadora del resguardo Neda Saavedra y se le está dando el tramite pertinente para presentarla a las autoridades competentes y ellas hagan lo que se estime lo que por ley se mande. Hemos convocado una reunión como defensor del pueblo en el Cesar de las distintas instancias que han participado en estas capturas en aras de ponerles en conocimiento y que ellos les aclaren a los miembros del resguardo qué situación se ha dado y que se ha presentado porque los campesinos dicen que se les han vulnerado derechos fundamentales” indicó el director encargado de la Defensoría del Pueblo seccional Cesar, José Jorge Molina.
Redacción Judicial / EL PILÓN