La duda en las pruebas soportó la decisión
Libertad inmediata para Roberto Carlos Rodríguez Montero, de 30 años, el único sospechoso del atentado ocurrido en el corregimiento de Atánquez, el 31 de diciembre de 2008, donde murieron cinco personas y otras 84 resultaron gravemente heridas, ordenó falló de Juez Única Especializada del circuito de Valledupar, Luisa Pinto Ochoa.
Esta decisión se conoció en la continuación de la audiencia de juicio oral, en el proceso seguido contra Rodríguez Montero, realizado en la mañana de ayer por los delitos de homicidio agravado, lesiones personales y tráfico de armas y municiones.
En dicha diligencia, el abogado defensor Fredy Contreras Soto, dejó constancia que fue abordado por familiares de las víctimas, quienes le reclamaron por el hecho de ejercer la defensa del procesado, Rodríguez Montero.
Por falta de pruebas
Ante este señalamiento, la Juez Pinto Ochoa respondió que si se consideraba necesario la situación se pondría en conocimiento de la justicia penal, como lo indica la ley. Luego, la presidente de este despacho continuó con la lectura de fallo e individualización de la pena y sentencia que quedó fijada para el próximo 6 de julio a las 2:00 de la tarde.
De acuerdo a lo dicho por la juez Luisa Pinto Ochoa, la determinación del fallo se basó en la falta de pruebas contundentes. Las que existían se diluyeron luego de analizadas debido a que fueron encontradas ilógicas y contradictorias y no condujeron a la certeza ante lo cual se aplicó el principio de ‘In dubio pro reo’, es decir, que la duda favoreció al reo.
Rodríguez Montero, quien permaneció detenido en el establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Valledupar, fue sacado de las instalaciones del Palacio de Justicia bajo extremas medidas de seguridad ante la actitud amenazante de los familiares de las víctimas.
La tragedia de Atánquez
De acuerdo al expediente, el 31 de diciembre de 2008, a eso de las 10:30 de la noche, cuando un número sin determinar de personas celebraban el fin de año, un artefacto, que más adelante las investigaciones confirmarían que era una granada de fragmentación, explotó en el lugar. En el hecho murieron cinco personas y cerca de 85 resultaron con heridas de consideración.
En la recolección de datos, evidencias y testimonios por parte de las autoridades que adelantan el caso, se conoció que Roberto Carlos Rodríguez, momentos antes a la detonación portaba el explosivo, debido a lo cual fue señalado como el presunto responsable.
De acuerdo a los testimonios, Rodríguez Montero, habría sostenido una fuerte discusión con Gloria Lucía Arias Arias, con quien, al parecer, sostenía una relación sentimental, por lo que desde entonces se manejó la hipótesis de “carácter pasional”.
La desvirtuada conducta de Rodríguez fue tipificada durante el proceso, según el código penal, como homicidio agravado.
Las víctimas fatales
Esa trágica noche Gloria Lucia Arias Arias, Azael Arias Montero, Marelvis María Mindiola Díaz, María Teresa Arias Cáceres y Erika María Fuentes Corzo murieron en el sitio.
Mientras que cerca de 84 personas resultaron lesionadas. Se presentaron casos como el de Jairis Clarinda Cáceres Maestre, que sufrió deformidad permanente.
Otras de las víctimas sufrieron lesiones que les ocasionaron perturbación funcional con carácter permanente, pérdida anatómica o funcional de órgano o miembro. De acuerdo a nuestra legislación, en este caso también se incurrió en la violación a la seguridad pública, en delitos de peligro común o que puedan ocasionar grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones. Además del tráfico y porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.
La familia del acusado
Los familiares de Roberto Carlos, quien era el único sospechoso en este caso, siempre insistieron en su inocencia por lo que recibieron con satisfacción y dieron gracias a Dios por el fallo absolutorio; ahora piden a las autoridades que no los abandonen ante la situación de zozobra que viven ante las amenazas de las que son víctimas, por parte de las familias de los afectados en la explosión.
En este sentido, la compañera del acusado, Mayuleis Muñoz, denunció, en anterior oportunidad, que tanto ella como otros miembros de su familia, son objeto de amenazas de muerte y señaló de manera directa a los familiares de las víctimas del hecho.
“Temo que las amenazas que me hicieron de que me mataban, también mis hijos, si Roberto salía libre, puedan cumplirse”, dijo Mayuleis Muñoz.
En este caso interviene como fiscal Diva Inés Coronado; el ministerio público es representado por Helka Acosta Monroy y la defensa está a cargo de Fredy Contrera Soto.
La víctima está representada por Elías Daza Rincón y Judelis Lerma Meza.