Eran las 5:00 de la mañana, cuando hombres armados irrumpieron en la finca Tres Cabezas, ubicada en la vereda Las Mariposas en jurisdicción del municipio Pueblo Bello, Cesar, en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el predio solo se encontraba Jeremías Antonio Arroyo Izquierdo, de 59 años, y sus cinco nietos menores de edad.
Los desconocidos le preguntaron al indígena arhuaco por sus dos hijos varones, pero ellos ya no estaban en la finca, días atrás los había sacado de la zona y los había mandado a donde unos familiares en Maicao, La Guajira, previendo que esto podía suceder.
Él vivía en la finca donde trabajaba a diario para sostener a los cinco nietos que quedaron huérfanos tras el nacimiento del menor de ellos, el parto de una de las hijas de su segundo matrimonio se complicó y desde entonces se hizo cargo de los muchachitos.
Los menores son los únicos testigos de lo que ocurrió ese día. Relatan que eran paramilitares, los reconocieron por la vestimenta y por la forma despiadada en que agredieron a Jeremías para que dijera dónde estaban sus dos hijos.
“Eran paramilitares que estaban buscándolos para matarlos, es que por la zona había mucha guerrilla y siempre pasaban por la finca como pendiente de reclutar a mis hermanos”, contó Carmen Rosa Cotes, hija mayor de Jeremías en su primer matrimonio.
Carmen no compartió de niña con su padre. Ni siquiera lleva sus apellidos; una partida de bautizo es el único documento que la acredita como hija del arhuaco que ese 19 de enero de 2003, fue asesinado por paramilitares.
“Cuando me dieron la noticia, ya yo era víctima de la violencia desde el año 2000, porque me había tocado salir con mis hijos de Chimila, en El Copey. Al llegar a la finca no me dejaban pasar, pero cuando pude llegar, ya a mi papá lo habían enterrado, ni siquiera le di el último adiós”, recordó la mujer mientras esperaba su turno para ingresar a la sala de víctimas de la unidad de Justicia y Paz de Valledupar, donde desmovilizados del frente ‘Mártires del Cesar’ serían indagados en una versión colectiva sobre los crímenes que el grupo paramilitar cometió contra los arhuacos en el norte de Cesar y sur de La Guajira.
El caso de Jeremías Antonio Arroyo Izquierdo hace parte de alrededor de 15 hechos criminales que integrantes de la etnia arhuaca han puesto en conocimiento de la Fiscalía para que sean esclarecidos en el marco de Justicia y Paz por los exparamilitares Leonardo Sánchez Barbosa, alias ‘El Paisa’; Andrés Mauricio Torres León, alias ‘Jesucristo’ o ‘Z1’; Jerónimo Enrique Costa Daza, alias ‘Camilo’; Danilo José Hernández Márquez, alias ‘El Indio’; Reinaldo Padilla Ruiz, alias ‘Palermo’; Jeiner Pastor Herrera De la Hoz, alias ‘Pringa’ y Julio Argumendo García, alias ‘Gabino’.
Los siete desmovilizados que delinquieron en la zona indígena hoy completan tres días de versión libre, en los que la Fiscalía espera aclarar la mayoría de casos.
El arhuaco paramilitar
En la versión de ayer, uno a uno, los siete postulados pidieron perdón a los arhuacos por los daños ocasionados durante su accionar criminal en el frente ‘Mártires del Cesar’. Sin embargo, una de las palabras más sentidas fueron las de Danilo José Hernández Márquez, alias ‘El Indio’, quien ofreció disculpas por haber delinquido contra su propia etnia.
“Pedirles perdón por los atropellos que sufrieron durante el tiempo de mi pertenencia al grupo. Tenía injerencia en áreas de resguardo y me siento arrepentido por lo que hice”, manifestó el arhuaco, quien se encuentra preso en la Cárcel Modelo de Barranquilla.
Alias ‘El Indio’, ingresó a las Autodefensas Unidas de Colombia el 13 de mayo de 2001, en el corregimiento Las Raíces, al norte de Valledupar. Su zona de injerencia eran las poblaciones de La Mesa, Azucarbuena, El Palmar, Sabana de Crespo y Sabanita, entre otras.
El 18 de febrero de 2005, fue capturado y luego se acogió a la Ley 975 de ese mismo año, por lo que sus versiones libres serán claves para conocer la verdad sobre crímenes cometidos por las Auc contra los miembros de su etnia y otras comunidades en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Entre los crímenes que le atribuyen está el del indígena Dixon Alfredo Arias Arias, perpetrado el 15 de octubre de 2003 en el barrio Nueva Esperanza de Valledupar, a donde el indígena había llegado huyendo de la violencia en el corregimiento de Sabana de Crespo. Los paramilitares le habían dado un ultimátum para que se fuera al señalarlo de tener vínculos con la guerrilla.
La esposa de la víctima, relató que ese día mientras ella se bañaba, Dixon le daba el tetero al menor de sus hijos y escuchó varios disparos. Aturdida salió del baño y alcanzó a ver a un hombre armado salir de su cuarto. Luego al ingresar a la habitación encontró a su marido sin vida tirado en la cama y sus hijos dando gritos.
Por este homicidio, el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Valledupar condenó a alias ‘El Indio’ a 21 años y ocho meses de prisión, la cual quedaría en ocho años si cumple con todos los requisitos de la Ley de Justicia y Paz.
“Somos libres de pensar distinto, pero creo de los 45 mil arhuacos que tenemos en Colombia, que una sola persona vaya a delinquir en contra de nuestro pueblo no deja de ser un mínimo para nosotros, algo que es alimentado por las políticas externas que nos afectan. Son decisiones individuales”, afirmó Leonor Zalabata, comisionada de Derechos Humanos por la Confederación Indígena Tayrona, en la Comisión Nacional de DDHH de los Pueblos Indígenas de Colombia.
La líder arhuaca luego de escuchar la solicitud de perdón de alias ‘El Indio’, expresó que “el haber aceptado un mando de los grupos paramilitares para actuar en contra de su propio pueblo es imperdonable”.
Por Redacción Judicial / EL PILÓN