Por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo Cuenta Territorial de Seguridad, detectadas por los miembros del Comité de Orden Público, el alcalde Fredys Socarrás Reales, puso a disposición de las autoridades y los entes de control, toda la información y las denuncias correspondientes, para que determinen los hechos y le den claridad al tema.
En reunión del Comité de Orden Público, el cual está integrado por la Alcaldía, Policía Cesar, Ejercito y CTI de la Fiscalía, se detectó que de acuerdo a la información suministrada por la Oficina de Presupuesto, en el Fondo Cuenta debe existir un saldo de 1´651 millones 224 mil 298 pesos, pero al confrontar ese dato con la cuenta de corriente del banco Davivienda, donde al parecer manejaba los recursos la pasada administración en el extracto bancario aparecen 2 millones 162 mil 909 pesos, hecho que alertó a los integrantes de este organismo, quienes por las pocas inversiones autorizadas, contratadas y autorizadas el año anterior, proyectaban una suma superior en fondo.
El Fondo Cuenta Territorial de Seguridad se alimenta del cinco por ciento de la totalidad de la contratación de obras que realiza el municipio, recursos que por Ley deben ingresar a una cuenta especial, la cual es de manejo directo del municipio, para inversiones previa autorización del Comité de Orden Público, que debe conocer los proyectos y aprobarlos para que se puedan ejecutar las iniciativas que deben girar en el marco de la seguridad, convivencia ciudadana y orden público.
Los integrantes del Comité al conocer los detalles entregados por el Secretario de Hacienda, la Jefe de Presupuesto y la Tesorera, se mostraron indignados y preocupados por el manejo de sus recursos, sobre todo por la poca importancia que según los miembros de la fuerza pública le dieron a los proyectos presentados en la vigencia 2011.
Según el secretario de hacienda José Alejandro Fuentes Rodado, los primeros resultados de la confrontación de información indican que al parecer, estos recursos no fueron utilizados en lo que por ley y destinación especifica le correspondía, generando unas presuntas irregularidades que deben ser determinadas por las autoridades y los entes de control.